Una investigación de LPO revela cómo la ley 7.357, conocida como “ley Leite”, genera un impacto directo en las finanzas de Petropar y en los precios de los combustibles que pagan los paraguayos. La normativa, impulsada por el senador cartista Gustavo Leite, obliga a la petrolera estatal a adquirir etanol de caña de azúcar a precios considerablemente más elevados que los del alcohol derivado del maíz, generando un sobrecosto de G. 612 por litro en cada compra.
El rastro de las adjudicaciones recientes muestra que esta decisión legislativa ya ha costado a Petropar G. 9.180 millones adicionales, agravando su déficit financiero que en 2024 superó los G. 249.000 millones. Este panorama contrasta con las promesas de la administración de Eddie Jara, quien aseguró que ordenaría las cuentas de la empresa estatal mientras mantendría bajo control el precio final de los carburantes para el consumidor.
Gustavo Leite niega tráficos de influencia y conflicto de intereses.
El senador cartista impulsó la modificación de dos leyes sobre la producción y uso de alcohol de caña de azúcar para combustibles. Los cambios beneficiarían a Carlos Morínigo Gamell,… pic.twitter.com/8ZfnhtuYN4
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) October 10, 2024
Al analizar los detalles de la ley que modifica la legislación de fomento al alcohol carburante, se descubre un entramado de intereses particulares. La normativa establece que el 50% del etanol utilizado en el país debe provenir obligatoriamente de caña de azúcar de producción local y, además, eleva el porcentaje de mezcla en las naftas al 30%. Sin embargo, el diseño específico de la ley parece favorecer directamente a Neualco SA, empresa vinculada a Carlos Morínigo Gamell, un personaje clave en este caso.
Las conexiones quedan al descubierto: Morínigo Gamell es socio de la Asociación Civil Comunidad Cenáculo, una ONG presidida por Paola Serrati, esposa del senador Leite. Los efectos de esta relación ya son tangibles en las compras estatales. Documentos oficiales muestran que Petropar adjudicó a Neualco un lote de 6 millones de litros a G. 5.200 por litro, mientras que el alcohol de maíz -técnicamente equivalente para su uso como combustible- se adquiere a G. 4.588, generando un sobrecosto injustificado desde la perspectiva técnica y económica.
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Cecilia Pérez, exministra de Justicia, ha sido una de las voces más críticas contra esta legislación. En declaraciones a medios locales, Pérez denunció que la ley viola principios constitucionales y de libre competencia. “El contribuyente termina pagando una ley para los amigos”, afirmó la abogada, quien en un análisis técnico destacó que la obligación de comprar etanol de caña no tiene justificación económica real y beneficia claramente a un círculo cercano al senador promotor.
El escepticismo sobre esta ley no proviene únicamente de sectores opositores. Inicialmente, tanto el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) como la propia Petropar manifestaron su oposición al proyecto, advirtiendo sobre las distorsiones que generaría en el mercado y los posibles riesgos técnicos para los motores de vehículos debido al alto porcentaje de etanol exigido en la mezcla.
A pesar de las advertencias técnicas y los cuestionamientos de transparencia, el proyecto avanzó con respaldo político de alto nivel. El presidente Santiago Peña intervino parcialmente, vetando solo aspectos menores como la obligación de convertir vehículos oficiales a tecnología flex, pero mantuvo intactos los artículos clave que garantizan el negocio para el sector de la caña de azúcar, específicamente para los actores vinculados al legislador.
La cronología de los hechos arroja más dudas sobre la transparencia del proceso. Leite presentó las dos iniciativas legislativas el 6 de junio, apenas días después de que Morínigo Gamell anunciara públicamente la adquisición de los bienes e inmuebles de la desaparecida Azucarera Iturbe. Como principal representante y accionista de Neufeld Alcoholes SA (Neualco), Morínigo Gamell expandía así su capacidad productiva de alcohol para combustibles derivados de la caña dulce, justo antes de que una ley creara un mercado cautivo para su producto.
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Los pequeños productores del sector han alzado su voz denunciando que la verdadera intención detrás de la ley fue diseñar un marco legal que garantizara el monopolio de ciertos cañeros, dejando fuera a los agricultores de menor escala. Paralelamente, representantes del sector de biocombustibles han alertado sobre los riesgos de especulación de precios y un eventual aumento en el costo final de los combustibles para el consumidor paraguayo.
En un contexto de crecientes protestas sociales por el costo de vida, el Gobierno anunció recientemente rebajas en los precios de los combustibles. Sin embargo, analistas económicos señalan que estas medidas responden más a la presión política coyuntural que a soluciones estructurales para el mercado energético del país, mientras Petropar continúa acumulando pérdidas que, en última instancia, serán absorbidas por todos los contribuyentes.
Fuente: La Política Online
