La Fiscalía anunció que presentará imputación formal contra cinco guardiacárceles del Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná, por su presunta responsabilidad en la fuga de ocho internos ocurrida recientemente. Los fiscales encontraron evidencias contundentes que sugieren la complicidad de los funcionarios penitenciarios en el escape masivo.
Los fiscales Alcides Giménez Zorrilla, de la Unidad Penal de turno de Ciudad del Este, y Alejandro Cardozo, de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado de Asunción, adelantaron que los guardiacárceles José Carlos Alfonso Torres, Adrián Insfrán Báez, Benicio de Jesús Romero Aguilar, Ariel Gustavo Marecos Benítez y Jonathan Nicolás Barúa Chamorro serán imputados por el hecho punible de liberación de presos. Barúa Chamorro, encargado del monitoreo del penal, tendrá especial atención en la investigación por su rol clave en la vigilancia del recinto.
Fuga en Minga Guazú: piden investigar a jefes de guardiacárceles
#AHORA: Familiares de funcionarios penitenciarios exigen que la Fiscalía incluya a los jefes en la investigación por la fuga masiva en la cárcel de máxima seguridad.
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— C9N Paraguay (@C9NParaguay) March 27, 2025
Las autoridades judiciales ordenaron la detención preventiva de todos los funcionarios implicados mientras avanzan las investigaciones. Durante los procedimientos, los agentes fiscales incautaron 27 teléfonos celulares, tres cadenas de seguridad (esposas) y una botella con pico que contenía un líquido amarillo con un manuscrito triturado, elementos que formarán parte crucial del expediente acusatorio contra los guardiacárceles.
La fuga involucró a ocho internos identificados como Wilson Darío Rotela Coronel, Juan Valentín Insfrán Espínola, Blas Pablo Melgarejo Benítez (alias Chopalé), Derlis Ramón Giménez Olivella, Fredy González Delvalle, Fernando José Aquino Salinas, Marcio Quadra Caetano y Anderson Queiroz Freitas. Seis de ellos son de nacionalidad paraguaya, mientras que los dos últimos mencionados son extranjeros. La Policía Nacional logró recapturar durante la madrugada del jueves a Fredy González Delvalle, condenado a 40 años de prisión por su participación en la masacre ocurrida en el penal de San Pedro.
La gravedad del caso provocó medidas inmediatas por parte del Ministerio de Justicia, que destituyó al director del Centro de Reinserción Social y ordenó la intervención completa del penal. Las autoridades buscan determinar si existe una red de corrupción más amplia dentro de la institución penitenciaria que haya facilitado no solo esta fuga sino otras irregularidades dentro del sistema.
Este jueves, los representantes del Ministerio Público se constituyeron nuevamente en la Penitenciaría de Minga Guazú para continuar con las investigaciones, realizar nuevos allanamientos y recabar más pruebas. Los fiscales analizan los sistemas de seguridad del penal, turnos de guardia y registros de comunicaciones para establecer la cronología exacta de los hechos y determinar si hubo planificación previa.
El caso expone las graves deficiencias del sistema penitenciario paraguayo, particularmente en cuanto a la supervisión del personal que trabaja en los centros de reclusión. Según fuentes cercanas a la investigación, los guardiacárceles habrían recibido importantes sumas de dinero para facilitar la fuga, aprovechando la vulnerabilidad de los controles internos y la falta de supervisión adecuada.
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Las autoridades mantienen un operativo intensivo para recapturar a los siete prófugos que siguen en libertad. Se han establecido controles en rutas, fronteras y posibles zonas de refugio, con especial énfasis en áreas cercanas a la triple frontera con Brasil y Argentina. La Policía Nacional solicitó la colaboración ciudadana para ubicar a estos individuos considerados altamente peligrosos para la sociedad.
Este incidente se suma a una serie de fugas registradas en diversos penales del país en los últimos años, lo que plantea serios cuestionamientos sobre la eficacia del sistema penitenciario paraguayo y la necesidad urgente de una reforma integral que aborde no solo la infraestructura, sino también los protocolos de seguridad y la selección y capacitación del personal que trabaja en estos centros.
Fuente: Última Hora
