El Juzgado de Santa Rita decretó la prisión preventiva del abogado Walter Ramón Acosta, imputado por agredir físicamente a una fiscalizadora del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).
El juez Bernardo Silva dictó la medida cautelar luego de que el profesional del Derecho se presentara a la audiencia de imposición de medidas esta mañana. Acosta fue señalado como autor de la agresión contra la ingeniera Lourdes Sosa, quien realizaba una verificación rutinaria en una estación de servicios de la firma 3 Fronteras, ubicada en la localidad de Tavapy, departamento de Alto Paraná.
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Tras la decisión judicial, el imputado abandonó el juzgado por la parte posterior del edificio “por razones de seguridad” y fue trasladado en una patrullera de la Comisaría 18ª hacia la Dirección de la Policía de Alto Paraná. Según lo informado por medios locales, permanecerá recluido allí hasta ser derivado a una penitenciaría. El magistrado expresó que analizará cuidadosamente el lugar de reclusión definitivo debido a la repercusión mediática del caso: “Este es un caso mediático y tengo que garantizarle también su seguridad. Todo el mundo le quiere linchar”, manifestó Silva.
#AHORA Dictan prisión preventiva para el abogado que agredió a una funcionaria del INTN en una estación de servicios, en Alto Paraná. Se trata de Walter Ramón Acosta.
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— Telefuturo (@Telefuturo) March 27, 2025
El juez reveló que inicialmente el abogado mostró una actitud hostil durante la audiencia, aunque posteriormente emitió un comunicado pidiendo disculpas por lo ocurrido. “Yo le dije que muchas veces como personas cometemos errores, pero uno tiene que ser lo bastante hombre en este caso para enfrentar los errores”, comentó el magistrado respecto a la conversación mantenida con el imputado.
La comparecencia de Acosta ante la justicia se produjo después de que la Cámara de Apelaciones, integrada por los camaristas Raúl Insaurralde, Efrén Giménez y Marta Acosta, revocara la declaración de rebeldía emitida previamente, anulando así la orden de captura que pesaba sobre él. Esta circunstancia permitió que el abogado se presentara voluntariamente ante el juzgado sin ser esposado por efectivos policiales, aspecto que también generó críticas en distintos sectores de la opinión pública.
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La decisión de los camaristas de revocar la orden de captura despertó una ola de protestas, particularmente entre los funcionarios del INTN, quienes se movilizaron exigiendo justicia para su compañera agredida y rechazando cualquier indicio de impunidad en el caso. Las manifestaciones incluyeron concentraciones frente a la sede de la institución y pronunciamientos públicos demandando una respuesta contundente del sistema judicial ante el ataque sufrido por la ingeniera Sosa durante el ejercicio de sus funciones.
El caso trascendió el ámbito judicial para convertirse en un tema de debate nacional sobre la violencia contra funcionarios públicos y particularmente contra las mujeres en el ámbito laboral. Diversos sectores como gremios profesionales, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Trabajo emitieron comunicados expresando su repudio ante la agresión y exigiendo que se establezcan precedentes claros para evitar que situaciones similares queden impunes.
Fuente: Última Hora
