La Policía Nacional ha reconocido oficialmente las graves deficiencias que existen en los sistemas de seguridad informática de las instituciones estatales. El comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Delitos Informáticos, admitió en declaraciones a ABC Cardinal que numerosas entidades públicas, incluida la propia institución policial, no poseen “la fortaleza y capacidad de dar seguridad” a la información personal de los ciudadanos que administran en sus bases de datos.
Esta preocupante revelación surge en el contexto de una supuesta filtración masiva de datos personales de más de siete millones de paraguayos en la denominada “web oscura”. Según el comisario Alarcón, tras realizar el seguimiento correspondiente, se ha detectado que información sensible proveniente del padrón electoral paraguayo y registros de vacunación del Ministerio de Salud Pública estaría circulando en entornos digitales no regulados, donde podría ser comercializada al mejor postor.
El reconocimiento de estas vulnerabilidades por parte de una autoridad de alto rango en el área de delitos informáticos evidencia la magnitud del problema que enfrenta el Estado paraguayo en materia de ciberseguridad. Alarcón señaló que, si bien el Ministerio de Información y Tecnologías de la Comunicación (Mitic) establece recomendaciones y protocolos básicos para el resguardo de información, la implementación efectiva de estas medidas depende enteramente de los recursos y capacidades técnicas disponibles en cada institución, los cuales resultan claramente insuficientes.
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La situación se torna aún más alarmante al considerar que la propia Policía Nacional ha sufrido vulneraciones en sus sistemas informáticos en el pasado reciente. Esta circunstancia, confirmada por el mismo comisario, sugiere que información policial también podría estar comprometida y disponible en mercados ilegales, aunque Alarcón matizó que no podía precisar con exactitud la cantidad y tipo de datos que habrían sido expuestos.
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El problema de fondo parece radicar en la ausencia de un marco regulatorio actualizado y efectivo que establezca estándares mínimos de seguridad para todas las instituciones que manejan datos personales de la ciudadanía. En este sentido, el jefe policial enfatizó la urgente necesidad de elaborar una nueva ley de protección de datos que regule específicamente el manejo de información sensible en el ámbito estatal y establezca responsabilidades claras ante eventuales filtraciones.
La brecha entre las recomendaciones técnicas y su implementación práctica constituye un desafío crítico para la administración pública paraguaya. Sin la asignación de recursos adecuados, capacitación especializada del personal y actualización constante de los sistemas de seguridad, las instituciones estatales continuarán siendo vulnerables a ataques cibernéticos que comprometan la privacidad de millones de ciudadanos. La confesión del comisario Alarcón no hace más que confirmar la urgencia de abordar esta problemática de manera integral y prioritaria.
Fuente: ABC Color
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