Un grave episodio de intimidación armada contra funcionarios estatales tuvo lugar entre la noche del martes 4 y la madrugada del miércoles 5 de febrero en la zona portuaria de Lambaré. Según informes policiales, integrantes de una célula vinculada al Clan Rotela (CR), presuntamente al servicio de un conocido contrabandista local, expulsaron a punta de fusil a agentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y efectivos policiales que realizaban controles de mercaderías. El incidente ocurrió específicamente en el acceso al antiguo puerto sobre el río Paraguay, en la intersección de la avenida Carretera de López y la calle Cristo Rey del barrio Puerto Pabla, a escasos 100 metros del Destacamento Naval y Prefectura de la zona.
El primer enfrentamiento se produjo aproximadamente a las 22:23 del martes, cuando los funcionarios estatales que participaban en un operativo conjunto entre la DNIT, la Policía Nacional (PN) y la Prefectura General Naval (PGN) fueron abordados por Óscar Gustavo Resquín Amarilla, de 32 años, conocido como “Óscar Akãchara” y señalado por las autoridades como uno de los principales contrabandistas que operan en la región. El sospechoso llegó al lugar en una camioneta Hyundai Santa Fe modelo 2022 y, tras intercambiar algunas palabras con los agentes, logró intimidarlos al punto que estos desactivaron el operativo y abandonaron la zona en apenas un minuto. Diez minutos después, a las 22:33, la comitiva oficial regresó con mayor cantidad de personal y reanudó el control, que se extendió hasta las 00:11 del miércoles.
El incidente más grave se registró posteriormente, alrededor de las 04:00, cuando ya la mayoría del contingente se había retirado del lugar. Únicamente permanecía en el sitio una camioneta Isuzu Dmax perteneciente a la DNIT, en la que se encontraban el funcionario Juan Carlos González y los policías Carlos Saúl Ríos Cáceres (oficial inspector) y Julio Andrés Zelaya (suboficial mayor), todos asignados a la Dirección General de Prevención y Represión del Contrabando y el Comercio Ilícito (DGPRCCI). Estos agentes aparentemente continuaban vigilando la zona con la intención de detectar posibles descargas de mercaderías de contrabando en el puerto sobre el río Paraguay.
En ese momento, regresó al lugar la misma camioneta Hyundai Santa Fe, de la cual descendió nuevamente Óscar Akãchara, quien volvió a dirigirse hacia los funcionarios con actitud amenazante. Ante la negativa de los agentes a retirarse, el presunto contrabandista llamó a un hombre identificado posteriormente como Luis Amadeus Monges Medina, de 34 años, quien según el informe policial se presentó como “miembro y mano derecha del Clan Rotela”. Las investigaciones posteriores confirmaron que Monges Medina tiene antecedentes de reclusión en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde habría establecido vínculos con Armando Javier Rotela, líder máximo de la organización criminal, convirtiéndose en uno de los principales cabecillas del grupo de sicarios que opera bajo su mando.
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La situación escaló rápidamente cuando otros dos individuos, identificados como Francisco Fidel Campuzano Martínez, de 41 años, y Hugo Lizandro Aguedo Ortiz, de 20 años, descendieron del mismo vehículo y entregaron un arma larga tipo fusil a Óscar Akãchara, quien la utilizó para amenazar directamente a los tres funcionarios que permanecían dentro del móvil oficial. Evidentemente superados en número y armamento, los agentes estatales se vieron forzados a abandonar precipitadamente la zona, permitiendo presumiblemente que se completara la operación de contrabando que intentaban prevenir. Este acto de intimidación directa contra autoridades en el ejercicio de sus funciones representa un preocupante desafío abierto al Estado de derecho.
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El Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Transnacional (DCCONT) de la Policía Nacional fue designado para investigar el incidente. Los agentes recopilaron evidencias, incluyendo filmaciones que documentan parte de lo ocurrido, y elevaron un informe detallado a la fiscala Samara Mabel Lesme Figueredo, titular de la Unidad Penal 1 de Lambaré. Sin embargo, según fuentes policiales, la representante del Ministerio Público no habría dado curso a las diligencias sugeridas por los investigadores, argumentando que los hechos constituirían únicamente un delito de amenaza, tipificado como de acción penal privada, lo que significa que no requiere intervención fiscal de oficio. Esta interpretación ha generado malestar entre los efectivos policiales que investigan el caso.
Fuente: ABC Color
