El fenómeno del sexting entre adolescentes ha generado preocupación en el sistema judicial debido al incremento de imputaciones relacionadas con esta práctica. La jueza especializada del fuero penal adolescente, Liz Paola Mongelós, ha alertado sobre el aumento de casos que involucran a jóvenes de 14 a 17 años sospechosos de cometer hechos punibles vinculados al intercambio de imágenes de contenido sexual a través de redes sociales.
El sexting, término que combina las palabras inglesas “sex” (sexo) y “texting” (envío de mensajes), consiste en la transmisión de contenidos de tipo sexual como fotografías, vídeos o mensajes a través de dispositivos electrónicos y plataformas digitales. Esta práctica requiere necesariamente que el adolescente tenga acceso a internet, lo que plantea desafíos importantes sobre el control y la supervisión del uso de tecnologías por parte de los menores.
Las autoridades judiciales reconocen que las nuevas tecnologías son parte permanente de la sociedad actual, pero enfatizan la importancia de establecer pautas para su uso adecuado. Sin la supervisión apropiada, los adolescentes quedan expuestos a informaciones no aptas para su nivel de madurez psicosocial, lo que puede derivar en comportamientos de riesgo. La magistrada señala que esta situación se ve agravada por la menor conciencia que los jóvenes tienen sobre las consecuencias de sus actos, el despertar sexual propio de la edad y la sexualización precoz que experimentan.
Los riesgos asociados al sexting son múltiples y de gravedad considerable. En el aspecto físico, la difusión de imágenes puede revelar información sensible como la ubicación del adolescente, su centro educativo o domicilio, exponiendo al menor a peligros concretos. Desde la perspectiva psicológica, las consecuencias pueden incluir trastornos emocionales severos como ansiedad, depresión, pérdida de autoestima, humillaciones, rechazo, aislamiento social e incluso conductas autolesivas.
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El incremento de imputaciones fiscales refleja el aparente fracaso de los sistemas de protección inmediatos, particularmente la familia nuclear y ampliada. Cuando el sistema judicial debe intervenir para cumplir con los fines educativos del proceso penal adolescente, ya se han agotado las instancias previas de contención. La jueza Mongelós subraya la relevancia del control parental sobre el uso de la tecnología para prevenir situaciones que puedan derivar en el contacto temprano de los jóvenes con el sistema de justicia.
Las plataformas digitales como Instagram, Facebook, Telegram y WhatsApp se han convertido en medios a través de los cuales algunos adolescentes cometen hechos punibles al compartir material de contenido sexual. A diferencia de generaciones anteriores, los jóvenes actuales no son “inmigrantes digitales”, sino que han incorporado la tecnología como parte integral de su vida cotidiana. Esta realidad no puede ignorarse y debe considerarse en su contexto, pero el uso indiscriminado y sin supervisión adecuada puede resultar extremadamente perjudicial, especialmente por el daño que causa la viralización de imágenes íntimas en las víctimas.
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La justicia especializada para adolescentes implementa mecanismos de protección basados en informes de madurez psicosocial, aplicando principios de especialidad, desjudicialización y mínima intervención. Estos esfuerzos buscan cumplir con los fines educativos del proceso penal adolescente en los casos relacionados con sexting, reconociendo las particularidades del desarrollo juvenil en la era digital mientras se promueve un uso responsable de la tecnología.
Fuente: Judiciales.net
