Luis Carlos Benítez, jefe de Gabinete del Ministerio de Salud Pública, presentaría su renuncia este lunes tras ser imputado en la causa conocida como la mafia de los pagarés.
El caso involucra al funcionario y a su esposa, Patricia Adriana Parodi, en la promoción de 28 demandas de preparación de acción ejecutiva en un solo día, el 27 de octubre de 2022, en nombre de la Cooperativa San Cristóbal.
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Según los antecedentes, ambos aparecen como abogados litigantes, a pesar de ocupar cargos públicos, lo que contraviene lo establecido en la ley del servicio civil. Benítez se desempeñaba, en el momento de los hechos, como abogado de la Dirección Jurídica de la Contraloría General de la República, lo que le impedía ejercer como abogado ante instancias judiciales.
La senadora Desiré Masi señaló en su cuenta de X (anteriormente Twitter) que Benítez figura como funcionario permanente del Estado y que su actuación como abogado en demandas judiciales representa una violación directa de la normativa vigente. Además, advirtió sobre un posible incumplimiento de deberes por parte de sus superiores jerárquicos al no controlar actividades realizadas en horario laboral.
No @MinPublicoPy , el imputado en la #mafiadelospagares, jefe actual de gabinete, -renunciante dicen- de @msaludpy @mariatbaran es funcionario público permanente y cualquiera puede verificar en Hacienda. En el momento de los hechos investigados (2022/2023) era abogado de… https://t.co/ULSuLMhk8O
— Desirèe Masi Jara. (@desimasi2) March 24, 2025
El Ministerio Público, representado por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, también imputó a cuatro jueces por firmar resoluciones basadas en documentos presuntamente falsificados. Estas resoluciones, un total de 693, fueron dictadas entre los años 2022 y 2023, en distintas jurisdicciones del fuero civil.
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Además del uso de documentos públicos de contenido falso, el caso plantea otras posibles figuras penales como evasión impositiva, prevaricato e incumplimiento de funciones públicas. La esposa de Benítez, oficial de Justicia, habría también falsificado notificaciones y ejecutado mandamientos sin autorización.
La renuncia del funcionario aún no fue oficializada por el Ministerio de Salud. No obstante, el caso ya genera cuestionamientos institucionales por la presunta omisión de control interno y la permisividad frente a incompatibilidades legales.
Fuente: Última Hora
