Una grave denuncia salpica al Consejo de la Magistratura tras la designación en terna para el Tribunal de Apelación de Amambay del juez Juan Martín Areco Torraca, quien habría realizado “favores judiciales” al fallecido diputado colorado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, según revelan chats extraídos de su teléfono celular. La investigación, publicada inicialmente por ABC Color, expone un preocupante patrón de tráfico de influencias en el sistema judicial paraguayo.
Los chats comprometedores
El 17 de marzo, el Consejo de la Magistratura conformó 15 ternas para tribunales de apelación de distintas circunscripciones judiciales del país. Entre ellas, destaca la terna para Amambay, integrada por el juez penal de garantías Juan Martín Areco Torraca, la jueza de sentencia Mirna Carolina Ocampos Ramírez y el juez penal de Adolescencia Hernán Américo Centurión Ramírez. Sin embargo, la designación de Areco ha generado particular controversia por su vinculación con el fallecido diputado Gomes.
Según la extracción de datos del celular de Eulalio “Lalo” Gomes, realizada con autorización judicial dentro del caso Pavo Real Py II, entre 2019 y 2020 el juez Areco habría accedido a múltiples peticiones irregulares del entonces titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) filial Amambay. Los mensajes intercambiados entre ambos demuestran un claro conflicto ético y posibles violaciones a los deberes del cargo.
El caso más grave implica la liberación de Kadú Cezar Machado da Silva, detenido el 11 de junio de 2019 con un arma de fuego y G. 45 millones en su poder. Las conversaciones revelan cómo Gomes maniobró junto a su sobrina Lizany Gómez, funcionaria de la Fiscalía que intervino en el caso, para conseguir la rápida liberación del detenido. Posteriormente, Gomes contactó directamente al juez Areco para asegurar el resultado favorable.
Intervención directa en procesos judiciales
Pero este no sería un caso aislado. Los chats también evidencian la intervención del fallecido diputado en el proceso judicial contra Claudia Cuevas, una agente de cuentas cuya audiencia de imposición de medidas estaba prevista para junio de 2020. El 5 de junio de ese año, Gomes contactó al juez Areco solicitándole “un favor muy especial”: suspender la audiencia fijada para el día siguiente.
El magistrado respondió sugiriendo que la imputada presentara un escrito para justificar su incomparecencia. Cuando la diligencia fue reprogramada para el 22 de junio, Gomes volvió a insistir en una nueva suspensión, a lo que el juez finalmente respondió mediante nota de voz: “Don Lalo decile nomás que venga y le vamos a dar medida. Eso no es problema sabes por qué, porque la Fiscalía me va a pedir ya rebeldía con relación a ella, ya no tengo motivo para suspender entonces que venga nomás y vamos a proveerle medidas”.
Esta comunicación irregular entre un juez y un tercero ajeno al proceso judicial constituye una clara violación al debido proceso y a la ética judicial. La influencia de Gomes parece haberse extendido a otros casos, incluso años después. En 2023, cuando Machado cayó nuevamente detenido como presunto miembro del Primer Comando Capital (PCC) y sospechoso de un atentado contra Nelson Gustavo Amarilla Elizeche, alias “Norteño”, Gomes volvió a interceder para su liberación, esta vez ante el juez Álvaro Rojas Almirón.
Cuestionamiento a la imparcialidad actual
La situación se vuelve aún más controvertida considerando que el juez Areco es actualmente quien entiende la causa relacionada a la investigación de la muerte de Lalo Gomes, un caso donde los fiscales Luis Said, Celso Morales y Christian Ortiz solicitaron la desestimación. Curiosamente, Areco se opuso a este pedido, aunque la Fiscalía se ratificó en su solicitud la semana pasada.
Esta coincidencia plantea serias dudas sobre la imparcialidad del magistrado en un caso tan sensible, considerando su aparente relación de favores con el ahora fallecido diputado. La situación se agrava al observar que el Consejo de la Magistratura decidió incluirlo en una terna para ascender a un cargo de mayor responsabilidad, aparentemente sin considerar estos graves antecedentes que comprometen su idoneidad ética para ejercer la magistratura.
El caso expone no solo la permeabilidad del sistema judicial paraguayo ante influencias externas, sino también las deficiencias en los mecanismos de selección y promoción de magistrados. La inclusión de Areco en la terna para el Tribunal de Apelación de Amambay, a pesar de existir evidencia concreta de conductas inapropiadas, pone en duda la rigurosidad de los controles que debería ejercer el Consejo de la Magistratura.
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Los mensajes extraídos del celular de Gomes constituyen una pieza fundamental de evidencia que debería ser considerada no solo para reevaluar la idoneidad de Areco para integrar la terna, sino también para iniciar un proceso disciplinario que determine su responsabilidad en estos hechos. El tráfico de influencias en el sistema judicial socava los principios fundamentales de independencia e imparcialidad que deben regir la administración de justicia.
La designación de jueces comprometidos con intereses particulares en estas áreas sensibles podría comprometer seriamente la lucha contra el crimen organizado en Paraguay.
Fuente: ABC Color
