Artistas siguen sin acceso al seguro del IPS pese a ley vigente

La comunidad artística paraguaya enfrenta un persistente obstáculo en su lucha por acceder a la seguridad social, debido a la resistencia del Instituto de Previsión Social (IPS) para implementar la Ley 4199/2010, reglamentada mediante el Decreto Nro. 9606. Esta situación, que se extiende por más de 15 años, ha vuelto al centro del debate público tras el reciente fallecimiento de la reconocida actriz y gestora cultural Ana Ivanova, quien, como muchos otros artistas paraguayos, partió sin poder acceder a los beneficios del seguro social a pesar de existir un marco legal que lo garantiza. El caso evidencia una problemática estructural que afecta a miles de trabajadores del arte en el país, quienes permanecen en condiciones de vulnerabilidad a pesar de contar con una legislación específica destinada a proteger sus derechos laborales.

Martín Pizzichini, secretario general del Centro Paraguayo de Teatro (CEPATE), ha sido una de las voces más activas en este reclamo histórico. En declaraciones al programa Arriba Hoy del canal Gen, Pizzichini explicó que la demanda del sector es simple: “Lo que estamos pidiendo es que nos permitan ingresar abonando un monto similar al que aporta todo trabajador o trabajadora aportante al IPS”. El representante gremial detalló que, si bien el artículo 4 de la ley fija que el aporte de los artistas no será mayor al 5,5% del salario mínimo, el artículo 5 faculta al IPS a modificar ese porcentaje para equipararlo con lo que aportan regularmente todos los trabajadores, elevándolo al 10,5%, según lo establecido en el reglamento de 2010.

Uno de los aspectos más llamativos de esta situación es que la infraestructura legal y administrativa necesaria para implementar el seguro social para artistas ya existe. Pizzichini señaló que en 2021 la ley fue modificada para incorporar a la Secretaría Nacional de Cultura (SNC) como entidad mediadora, función que originalmente correspondía al Ministerio de Educación. Asimismo, la legislación prevé la creación de una comisión certificadora, ya reglamentada, conformada por representantes de las entidades involucradas: la SNC, el Ministerio del Trabajo y el propio IPS. Esta comisión sería la encargada de certificar la condición de artista de quienes soliciten acogerse al beneficio, garantizando así la correcta aplicación de la ley.

El impacto humano de esta demora administrativa se refleja en casos concretos y dolorosos para la comunidad artística. Pizzichini recordó el caso emblemático del músico Efrén ‘Kamba’i’ Echeverría, para quien se realizó un pedido específico de inclusión en el seguro social, pero que falleció sin poder beneficiarse del servicio. Este caso, junto con el reciente de Ana Ivanova, ilustra el costo humano de la inacción institucional y la urgencia de resolver esta situación que afecta a un sector históricamente vulnerable en términos de protección social. “Hay mucha gente que necesita hacer ese aporte para tener una mejor vida y se le está siendo negado”, enfatizó Pizzichini, subrayando que la ley no impone una obligación sino que otorga un derecho fundamental.

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La postura del IPS frente a este reclamo ha sido consistentemente obstaculizadora, según denuncian los representantes del sector artístico. “La traba la viene poniendo el IPS principalmente, que dice que la ley no es aplicable pero nunca pidieron su constitucionalidad o su derogación”, precisó Pizzichini. Esta afirmación plantea interrogantes sobre las razones detrás de la resistencia institucional, especialmente considerando que la entidad no ha iniciado acciones legales para cuestionar la validez de la ley, sino que simplemente ha optado por no implementarla. La falta de transparencia en los motivos de esta decisión agrava la frustración de un sector que lleva más de una década esperando acceder a un derecho reconocido por la legislación paraguaya.

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Un avance significativo en la estructuración del sistema ha sido la implementación del registro de artistas denominado TÉRA, administrado por la Secretaría Nacional de Cultura. Este registro, previsto también en la Ley 4199/2010, cuenta actualmente con aproximadamente 14.000 personas inscritas, lo que demuestra la magnitud del sector potencialmente beneficiario del seguro social. La existencia de este registro facilitaría enormemente la aplicación efectiva de la ley, ya que proporciona una base de datos verificada de quienes podrían acogerse al sistema. Este elemento subraya aún más la inexplicable demora en la implementación de un mecanismo que cuenta con la infraestructura legal y administrativa necesaria, y que beneficiaría a un sector significativo de la población trabajadora del país que actualmente se encuentra desprotegida ante contingencias como enfermedad, incapacidad o vejez.

Fuente: HOY