Argentina desclasifica archivos de inteligencia de la dictadura

El Gobierno argentino dispuso la desclasificación inmediata de los archivos de la Secretaría de Inteligencia (Side) relacionados con la última dictadura cívico-militar (1976-1983), coincidiendo con el 49º aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La medida fue anunciada mediante un comunicado oficial de la Oficina del Presidente, pocas horas antes de la tradicional marcha por la memoria que reúne anualmente a organizaciones de derechos humanos, sindicatos y fuerzas políticas para conmemorar esta fecha histórica. La iniciativa, según indica el gobierno de Javier Milei, busca poner fin “a la opacidad que rodeó durante décadas los documentos” y ponerlos a disposición de la sociedad argentina.

La administración Milei acompañó este anuncio con un mensaje que plantea una reinterpretación del período dictatorial, enmarcándolo en lo que denomina “la historia completa, sin sesgo ideológico ni censura”. En un video difundido simultáneamente, narrado por el escritor Agustín Laje, el gobierno sitúa la dictadura en el contexto de la Guerra Fría y hace énfasis en los actos de violencia perpetrados por organizaciones guerrilleras, refiriéndose a una “guerra revolucionaria negada” que habría buscado “borrar los horrores de las organizaciones terroristas y eliminar de la memoria colectiva a sus víctimas”. Este enfoque marca un giro significativo respecto a las narrativas oficiales previas sobre el período dictatorial que se habían consolidado en las últimas décadas.

En paralelo a la desclasificación de archivos, el Ejecutivo argentino anunció que solicitará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el asesinato del capitán del Ejército Humberto Viola y su hija María Cristina, de tres años, ocurrido en 1974 a manos del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), sea considerado un delito de lesa humanidad e imprescriptible. En consonancia con esta iniciativa, el gobierno enviará un proyecto de ley al Congreso para establecer “la imprescriptibilidad penal y civil de este tipo de delitos”. La caracterización oficial del ERP como “una organización terrorista que intentó imponer un régimen marxista leninista y guevarista” se alinea con el nuevo enfoque gubernamental sobre la violencia política de los años setenta.

La convergencia de estos anuncios con la conmemoración del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia ocurre en un contexto particular, ya que este año, por primera vez en 19 años, organizaciones argentinas de derechos humanos y partidos políticos confluirán en una misma marcha bajo la consigna “La memoria en marcha”. Esta movilización unificada, que se dirige hacia la emblemática Plaza de Mayo frente a la sede del Gobierno, refleja la preocupación de diversos sectores ante lo que perciben como un retroceso en las políticas de memoria y derechos humanos por parte de la administración Milei. La marcha recibe el respaldo de sindicatos y agrupaciones políticas, principalmente de izquierda.

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La reconstrucción histórica y búsqueda de justicia sobre los crímenes cometidos durante la dictadura ha sido un proceso sostenido en Argentina gracias a la labor de organizaciones como Abuelas de Plaza de Mayo, que estima que el terrorismo de Estado se apropió de la identidad de unos 500 niños, robados a sus legítimas familias por agentes de la dictadura militar. La mayoría de estos niños nacieron en cautiverio y fueron entregados en adopciones ilegales. Pese a décadas de investigación y búsqueda, todavía falta por identificar a más de 300 personas que fueron apropiadas al nacer por agentes del régimen dictatorial. El trabajo de estas organizaciones ha permitido establecer que el terrorismo de Estado causó aproximadamente 30.000 desaparecidos, cifra que forma parte de la memoria colectiva argentina.

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La decisión del gobierno de Milei de desclasificar los archivos de inteligencia, si bien podría contribuir potencialmente a la investigación histórica, llega acompañada de un giro discursivo que ha generado inquietud en amplios sectores sociales comprometidos con la defensa de los derechos humanos. El énfasis oficial en equiparar la violencia guerrillera con el terrorismo de Estado contrasta con los consensos internacionales sobre la materia y con los fallos judiciales que han establecido la responsabilidad estatal en crímenes de lesa humanidad. En este complejo escenario, la apertura de los archivos secretos plantea interrogantes sobre cómo serán utilizados estos documentos y qué impacto tendrán en la comprensión colectiva de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina reciente.

Fuente: Sputnik