El Colegio de Abogados de Alto Paraná exige medidas disciplinarias inmediatas contra el abogado Walter Ramón Acosta, de 49 años, tras agredir físicamente a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Nidia Silvero, presidenta del gremio, solicitó a la Corte Suprema de Justicia la apertura de un sumario y la suspensión de la matrícula profesional del letrado involucrado en el incidente ocurrido en Santa Rita.
La agresión ocurrió en una estación de servicio ubicada sobre la ruta PY06, kilómetro 260, en el barrio Cruce del Amor de Tavapy. Lourdes Teresita Sosa Cuevas, fiscalizadora del INTN, recibió un fuerte golpe en el rostro mientras realizaba su labor de verificación en el establecimiento. Acosta, quien se desempeñaba como representante legal de la gasolinera, reaccionó violentamente ante la presencia de la funcionaria pública, según reportes oficiales.
La fiscala de Santa Rita, Rocío González, imputó a Acosta por los delitos de coacción, coacción grave y resistencia. Adicionalmente, solicitó al juzgado correspondiente la declaración de rebeldía del abogado, quien actualmente cuenta con orden de detención. Las autoridades judiciales proceden con la búsqueda del profesional tras el violento episodio que generó indignación en la comunidad jurídica.
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Silvero manifestó que este tipo de conductas son inadmisibles dentro del ejercicio de la abogacía. En declaraciones a Monumental 1080 AM, la presidenta del Colegio de Abogados enfatizó que “este tipo de persona no puede seguir ejerciendo la profesión” y que tales comportamientos son constantemente reprochados por la institución que representa. El gremio reafirma su compromiso con el ejercicio ético y responsable de la profesión jurídica.
La dirigente gremial señaló que estas actitudes podrían ser consecuencia de vínculos inapropiados con autoridades judiciales. Según afirmó, en la región existen profesionales que “forman parte de las roscas mafiosas instaladas dentro del Poder Judicial” y que estos comportamientos surgen por “tener como amigos o socios de tragos a jueces y fiscales”, lo que deteriora la imagen de la profesión legal en el departamento de Alto Paraná.
Fuente: Última Hora
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