Esquema. La empresa lograba en tiempo récord secuestrar los vehículos, para revenderlos al día siguiente. Foto: Rodrigo Villamayor.
Una sofisticada organización criminal dedicada a la estafa masiva de compradores de vehículos ha sido desmantelada por el Ministerio Público, revelando un esquema que involucra a un juez de paz y otros funcionarios judiciales. La Fiscalía solicitó juicio oral contra cinco personas acusadas de defraudar a 255 ciudadanos mediante el despojo ilegal de sus automóviles.
La fiscal de Ñemby, Lourdes Bobadilla, presentó la acusación formal contra los propietarios de Steven Automotores, Denis Steven Bareiro y su padre Carlos Alfredo Bareiro Benítez, quienes operaban desde su concesionaria ubicada en Ñemby. También fueron imputados el juez de Paz de Chaco’i, Jorge Franco Garelik, su actuaria Gabriela Noemí Gaona, y el oficial de Justicia Carlos Yrala, quien simultáneamente ejercía como abogado de la empresa.
Según la investigación fiscal, los acusados conformaron “un plan de acción” meticulosamente orquestado que permitía despojar a los clientes de sus vehículos ante el más mínimo atraso en el pago de cuotas, e incluso cuando estos se encontraban al día con sus obligaciones.
El esquema operativo comenzaba en el momento de la compra, cuando la concesionaria hacía firmar a los clientes, además del contrato de compraventa, documentos de dación en pago. Estos documentos establecían que ante cualquier incumplimiento en los pagos, el comprador se comprometía a devolver el rodado a Steven Automotores.
Una particularidad del caso que llamó la atención de los investigadores fue la elección estratégica del Juzgado de Paz de Chaco’i para iniciar las demandas, pese a que la concesionaria operaba en Ñemby. Esta distancia geográfica dificultaba que los clientes demandados pudieran acceder fácilmente a defenderse. Además, los montos involucrados en los contratos exigían que las demandas fueran tramitadas en Juzgados de Primera Instancia y no en Juzgados de Paz, donde los acusados tenían a sus presuntos cómplices.
El Ministerio Público documentó numerosos casos donde los clientes intentaban ponerse al día con sus pagos, pero la empresa deliberadamente se negaba a recibir el dinero. Esta maniobra permitía que los compradores figuraran como morosos, facilitando las demandas con órdenes de secuestro que eran firmadas “en tiempo récord” por el juez implicado.
Una vez secuestrados, los vehículos eran inmediatamente revendidos a nuevos compradores, quienes a su vez se convertían en potenciales víctimas del mismo esquema fraudulento, generando un círculo vicioso de estafas continuas.
La dimensión nacional del caso quedó evidenciada cuando la fiscal Bobadilla confirmó que, además de las 30 víctimas mencionadas en la causa principal, existen denuncias de 255 personas afectadas en todo el país. Estas denuncias adicionales provienen de ciudadanos que fueron demandados no solo en el Juzgado de Chaco’i, sino también en otras localidades como Benjamín Aceval, Itá, Asunción, Trinidad y Encarnación.
El caso ha generado preocupación por la implicación de funcionarios del sistema judicial en actividades delictivas organizadas. La participación de un juez de paz, su actuaria y un oficial de justicia evidencia la infiltración de redes criminales en instituciones claves para la administración de justicia, comprometiendo seriamente la confianza ciudadana en el sistema judicial paraguayo.
La Fiscalía solicitó la elevación a juicio oral para todos los implicados, mientras continúa recopilando evidencias y testimonios de las numerosas víctimas distribuidas en diferentes departamentos del país. Las acusaciones podrían ampliarse a medida que avanza la investigación y se descubren nuevas ramificaciones del caso.
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Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los controles internos en el Poder Judicial y establecer mecanismos más efectivos para prevenir la cooptación de funcionarios por parte de organizaciones criminales. También evidencia las vulnerabilidades del sistema de compraventa de vehículos en Paraguay, donde muchos ciudadanos quedan expuestos a prácticas abusivas sin contar con protecciones legales efectivas.
Las autoridades judiciales deberán ahora determinar no solo la responsabilidad penal de los acusados, sino también implementar medidas que permitan resarcir a las numerosas víctimas que perdieron sus vehículos y, en muchos casos, importantes sumas de dinero producto de su trabajo.
Fuente: Última Hora
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