El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) confirmó oficialmente que el proyecto de exploración de litio de la empresa Valquiria Explorations invadía territorios pertenecientes al pueblo Ayoreo Totobiegosode, uno de los últimos grupos indígenas en aislamiento voluntario de Sudamérica. Esta admisión se produce después de que una investigación periodística de Consenso revelara en junio de 2024 que la compañía había obtenido permisos de prospección que se superponían con el Patrimonio Ayoreo Totobiegosode, contraviniendo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que protege a estas comunidades de contactos no deseados e ingresos de terceros a sus territorios ancestrales.
La licencia ambiental otorgada a Valquiria Explorations en febrero de 2023, durante la administración del expresidente Mario Abdo Benítez, contaba con el aval del Viceministerio de Minas y Energía y del propio MADES. En dicho documento, tanto la cartera ambiental como la empresa negaban explícitamente que el proyecto afectara tierras indígenas, lo que habría constituido una violación a normativas nacionales e internacionales. Sin embargo, la investigación periodística desmintió estas afirmaciones utilizando datos del Catastro Minero, mapas de tierras indígenas y las propias licencias ambientales, demostrando que los funcionarios y la empresa habían proporcionado información falsa en documentos oficiales para obtener los permisos correspondientes.
Tras una auditoría y revisión solicitada por la Dirección de Asesoría Jurídica del MADES, la institución reconoció en un nuevo informe que efectivamente “han surgido nuevos elementos no previstos en la declaración anterior”, confirmando que “la propiedad se encuentra dentro de los límites del área de reclamo del Pueblo Ayoreo Totobiegosode”. El documento señala que, debido a la solicitud de la CIDH de implementar medidas para proteger a comunidades en aislamiento voluntario, se debe “prevenir los contactos no deseados y el ingreso de terceros” hasta la decisión final del organismo internacional. En consecuencia, el ministerio notificó formalmente a Valquiria Explorations que su licencia ambiental “se encuentra afectada” por la medida cautelar internacional.
Ante esta situación, Valquiria Explorations presentó al MADES un “plan de cierre” del proyecto de exploración de litio en las tierras Ayoreo, sosteniendo que las actividades “nunca iniciaron” a pesar de haber obtenido la licencia ambiental mediante información que ahora se reconoce como falsa. La prospección aprobada por el gobierno paraguayo no solo invadía tierras indígenas, sino que también afectaba áreas previamente deforestadas de manera ilegal por la cooperativa Chortitzer para comercializar cuero en mercados europeos, lo que agrava el escenario de vulneración de derechos territoriales de las comunidades originarias del Chaco paraguayo.
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Este caso se enmarca en un contexto más amplio de expansión de la industria del litio en Paraguay, donde seis empresas lideran las operaciones: Minera Atenea, Chaco Lithium, Roca Lithium, Paraguay Lithium, Guaraní Lithium (que conforman el consorcio Chaco Minerals) y Valquiria Exploration, que aunque no es parte oficial del consorcio, comparte representante legal, vínculos con la empresa canadiense Valdor Technologies y consultores a cargo de los estudios de impacto ambiental. Los documentos promocionales de Chaco Minerals revelan que los inversores tienen esperanzas en lo que describen como “reguladores amigables con la minería”, “ambiente político estable” y “un régimen impositivo favorable”, lo que plantea serias interrogantes sobre la transparencia y el cumplimiento de estándares socioambientales en el sector.
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La intervención del MADES marca un potencial cambio en la relación entre el Estado paraguayo y las empresas mineras, que hasta ahora se caracterizaba por una regulación permisiva. En un pedido de información pública realizado por Consenso, el Viceministerio de Minas y Energía admitió que no verificaba si las solicitudes de prospección afectaban tierras indígenas o áreas protegidas, delegando esa responsabilidad exclusivamente al MADES. Esta falta de coordinación interinstitucional y de controles cruzados ha facilitado la aprobación de proyectos extractivos en áreas sensibles. El propio Ministerio del Ambiente reconoce en su Política Nacional Ambiental al 2030 que la Ley Minera necesita una actualización para cumplir con los estándares internacionales, mientras helicópteros de prospección continúan sobrevolando el Chaco paraguayo en busca de nuevos yacimientos de litio.
Fuente: Consen.so
