El senador Gustavo Leite (ANR-HC) ha anunciado su intención de promover una modificación legal que autorice el derribo de aeronaves vinculadas al narcotráfico, argumentando que la reciente adquisición de aviones Super Tucano tendrá una efectividad limitada sin esta herramienta legal. La iniciativa busca complementar la inversión de más de 100 millones de dólares realizada por el gobierno paraguayo en equipamiento militar aéreo.
“Tener los nuevos Tucano, eso es bueno, la moral de las FF.AA. de defender la soberanía, se da también con las armas. Pero eso, los Tucano, sin la ley de derribo sería como tener unos perros que ladran muy fuerte pero que no tienen dientes, no sé si le vamos a sacar el jugo”, expresó el legislador cartista al referirse a la necesidad de fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP).
Una batalla legislativa en ciernes
El senador adelantó que trabajará en la incorporación de “uno o dos artículos” a la Ley Nº 6980 “De vigilancia y protección del espacio aéreo paraguayo” para autorizar el derribo de aeronaves que incumplan las órdenes de aterrizaje. Esta modificación representaría un cambio sustancial respecto a la legislación promulgada en 2022, que únicamente permite “disparos intimidatorios” bajo circunstancias específicas.
La propuesta surge en el contexto de la adquisición de seis aviones Super Tucano A-29 de fabricación brasileña, con una inversión de USD 101.606.009. Según Leite, esta compra sería insuficiente sin las herramientas legales que permitan una acción efectiva contra el narcotráfico, al que identificó como “el ataque más grande que tenemos hoy” contra la soberanía nacional.
El protocolo actual, según explicó el comandante de la FAP, general del Aire Julio Fullaondo, consiste en interceptar las aeronaves sospechosas, ordenarles aterrizar y, en caso de desobediencia, escoltarlas hasta su destino o alertar a países vecinos si la aeronave se dirige hacia otra jurisdicción. La normativa vigente solo permite “usar las armas” en situaciones de reacción hostil o peligro para terceros.
Resistencias diplomáticas y constitucionales
La iniciativa del senador cartista enfrentará previsibles obstáculos diplomáticos, particularmente desde Estados Unidos. En 2022, Rachel Kutzley, funcionaria de la Embajada estadounidense, manifestó durante una visita al Senado que la aplicación de una ley de derribo equivaldría a la pena de muerte, sanción prohibida por la Constitución paraguaya.
Esta postura fue recordada por la entonces senadora Desirée Masi (PDP), y representa uno de los principales argumentos de quienes se oponen a la modificación legal. El debate se enmarca en un contexto regional donde países como Brasil, Colombia y Perú ya han implementado legislaciones similares para combatir el narcotráfico aéreo.
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La propuesta de Leite refleja la creciente preocupación del sector político vinculado al oficialismo por fortalecer las herramientas legales contra el narcotráfico, en un momento en que Paraguay enfrenta presiones internacionales por el incremento de actividades ilícitas en su territorio. Sin embargo, la iniciativa deberá superar no solo obstáculos constitucionales y diplomáticos, sino también el escrutinio de organizaciones de derechos humanos que cuestionan la proporcionalidad de una medida que podría resultar en la pérdida de vidas.
El futuro de esta propuesta legislativa podría definirse en los próximos meses, mientras el gobierno paraguayo continúa reforzando sus capacidades militares con la expectativa de modernizar su flota aérea y mejorar su respuesta ante las amenazas al espacio aéreo nacional.
Fuente: Última Hora
