Enrique Riera, anunció triunfalmente la captura del abogado que abofeteó a una funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).
Con la certeza propia de quien maneja información privilegiada, el ministro compartió en la red social X una fotografía del supuesto detenido, celebrando que este «impresentable» ya estaba bajo custodia judicial. Lamentablemente para su credibilidad, el único detenido en esta historia resultó ser el propio ministro… atrapado en su error, pues el verdadero agresor continúa disfrutando de su libertad en algún rincón de Alto Paraná.
La confusión ministerial quedó al descubierto cuando el comisario Humberto Galeano, jefe de la Comisaría 18ª de Santa Rita, tuvo que aclarar que la fotografía compartida por Riera correspondía, en realidad, a un ciudadano brasileño detenido el martes por un caso completamente diferente, relacionado con estafa y porte ilegal de armas.
Mientras tanto, Walter Acosta, el abogado de 49 años que protagonizó la agresión, seguía eludiendo exitosamente los allanamientos realizados tanto en su domicilio como en la estación de servicios donde ocurrió el incidente. El Ministerio del Interior demostró así que capturar delincuentes en redes sociales resulta considerablemente más sencillo que hacerlo en la vida real.
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La fiscala de Santa Rita, Rocío González, ya ha ordenado la detención preventiva del letrado por resistencia, coacción, coacción grave y otros hechos punibles. Los efectivos policiales incluso se incautaron del DVR de la estación de servicios y planifican más allanamientos, en un esfuerzo que parece más efectivo que las publicaciones ministeriales.
El peculiar episodio político-policial ocurrió cuando un usuario de la red social X interpeló directamente al ministro sobre las medidas tomadas respecto a la agresión. Riera, en un alarde de eficiencia digital, respondió rápidamente con la información y la imagen equivocadas, para luego borrar discretamente la publicación cuando la realidad tocó a su puerta. Este incidente se suma a la creciente colección de «pifias comunicacionales» del gobierno, que parece haberse especializado en anunciar capturas que no ocurrieron y éxitos que están por verse, consolidando una estrategia de «primero publicar, después verificar».
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La agresión original tuvo lugar alrededor de las 18:00 del martes en una estación de servicios ubicada sobre la ruta PY06, a la altura del kilómetro 260, en el barrio Cruce del Amor, en Tavapy.
Una compañera de la víctima logró filmar el momento exacto en que el abogado, quien se desempeña como representante de la firma que iba a ser verificada por la institución pública, demostró su peculiar interpretación del debido proceso al agredir verbal y físicamente a la funcionaria. El video se viralizó rápidamente, generando indignación pública y exponiendo, una vez más, la violencia que enfrentan los funcionarios estatales en el ejercicio de sus labores, especialmente las mujeres.
Fuente: Última Hora