La Asociación de Intendentes de Itapúa (Aidi) presentó ante el Congreso Nacional un polémico proyecto de ley que propone la fusión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal con el Instituto de Previsión Social (IPS). La iniciativa, liderada por la intendenta de La Paz, Blanca Chávez (ANR, cartista), busca una salida para la crítica situación financiera que atraviesa la previsional municipal, que actualmente se encuentra en quiebra técnica. El proyecto fue presentado a ambas Cámaras del Congreso bajo el argumento de “analizar otras alternativas que garanticen el régimen de jubilación establecido en la constitución de la República del Paraguay”, aunque no incluye un estudio de impacto financiero sobre las consecuencias que esta fusión tendría para el IPS.
La propuesta plantea específicamente que los funcionarios municipales puedan trasladar sus aportes y beneficios jubilatorios al Instituto de Previsión Social. “La propuesta es que esos funcionarios puedan pasar de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal al Instituto de Previsión Social. Yo sé que eso requiere un análisis exhaustivo por parte de los legisladores, como así también, seguramente, se tienen que ver números, cantidad de funcionarios”, explicó Chávez. Sin embargo, llama la atención que los proponentes no hayan realizado ni presentado un análisis técnico del impacto financiero que esta medida generaría para el IPS, delegando esta responsabilidad a los legisladores.
La crisis de la Caja Municipal tiene múltiples causas. Actualmente abona de manera atrasada las pensiones a sus jubilados, y sus exdirectivos de la administración de Bernabé Peralta se encuentran imputados por un presunto desfalco de G. 2.000 millones, aunque una auditoría interna estima un daño patrimonial potencial de G. 6.594.510.101. Adicionalmente, más de un centenar de municipalidades no están al día con sus obligaciones previsionales, lo que agrava la situación de insolvencia. Todo este pasivo pretende ser transferido al IPS, institución que mantiene un delicado equilibrio financiero gracias principalmente a los aportes del sector privado.
Los promotores de la iniciativa aseguran haber consultado con asesores jurídicos, quienes les indicaron que el planteamiento de fusión “puede analizarse y que podría ser viable” legalmente. Se apoyan en el artículo 95 de la Constitución Nacional, que establece que “los servicios del sistema de seguridad social podrán ser públicos, privados o mixtos, y en todos los casos estarán supervisados por el Estado”. Sin embargo, la viabilidad legal no implica necesariamente sostenibilidad financiera, aspecto crucial que no ha sido abordado en la propuesta presentada.
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La intendenta Chávez, quien en 2018 fue sumariada por el Ministerio de Educación y Ciencias por presuntamente ser “docente planillera” mientras ejercía como jefa comunal, justificó la propuesta señalando que “nosotros como Asociación de Intendentes de Itapuá ya no tenemos mucha esperanza por esta Caja”. Este pesimismo contrasta con la realidad de los municipios del departamento de Itapúa: en febrero, apenas 8 de los 30 municipios realizaron sus desembolsos correspondientes a la Caja, mientras que 24 están en mora. A nivel nacional, la situación es aún más alarmante: de los 267 municipios del país, solo 57 realizaron sus aportes en febrero y apenas uno lo hizo en marzo hasta el momento de este informe.
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El diputado cartista Germán Solinger, representante de Itapúa, acompañó la presentación del proyecto sin profundizar en los aspectos técnicos del mismo. “Estoy acompañando a la intendenta que está trayendo una preocupación general de los 30 distritos en el departamento relacionado a la caja de jubilación. Entonces, me parece muy oportuno porque este es un tema que se tiene que analizar, se tiene que profundizar y ver algunas alternativas”, expresó Solinger, quien fue intendente durante dos períodos. Su intervención se limitó a hablar de la necesidad de buscar soluciones en general, sin referirse específicamente a la propuesta de trasladar al IPS la carga financiera de una caja quebrada, eludiendo así el debate sobre la viabilidad económica y el impacto que esta medida tendría sobre una institución que ya enfrenta sus propios desafíos de sostenibilidad a largo plazo.
Fuente: ABC Color
