El Senado analiza un anteproyecto de ley para modificar la Ley 1340/88 de Antidrogas y su modificatoria, con el objetivo de modernizar la normativa vigente y descongestionar el sistema penal. La propuesta incorpora nuevas definiciones, listas de sustancias controladas y mecanismos para la regulación de la tenencia de estupefacientes. Aún en etapa preliminar, el documento plantea un enfoque diferenciado para personas en situación de vulnerabilidad, adictos y mujeres víctimas de violencia.
Las estadísticas oficiales indican que solo en la capital y el área Central existen aproximadamente 90 mil personas en estado de adicción. Ante esta situación, el proyecto busca fortalecer el rol de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Consejo Nacional de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación, dotándolos de mayores atribuciones para coordinar políticas de prevención y asistencia a afectados por el consumo de drogas.
El texto también establece potestades para la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y la Senad en la fiscalización y control del comercio de medicamentos y sustancias controladas. Se contempla un esquema de sanciones administrativas diferenciadas en leves, graves y muy graves, lo que permitirá aplicar medidas proporcionales a cada infracción.
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Uno de los aspectos más relevantes del anteproyecto es la reducción de penas en ciertos delitos, lo que podría facilitar el acceso a salidas alternativas o procedimientos abreviados para consumidores y casos de menor gravedad. El consumo peligroso de estupefacientes en espacios públicos y educativos seguirá siendo penado, mientras que el dopaje en actividades deportivas será sancionado con multas. Las penas más severas seguirán aplicándose al tráfico de drogas y crimen organizado.
El documento también contempla el beneficio de la delación premiada para quienes colaboren con la investigación penal, así como el uso de operaciones encubiertas y entregas vigiladas. Se introducen figuras como los agentes reveladores e informantes, y se establecen medidas de protección de identidad para quienes participen en estos procedimientos.
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Como innovación, el anteproyecto propone la utilización de civiles con identidad encubierta en investigaciones. Además, regula la incorporación de pruebas obtenidas en estos operativos, con protocolos específicos para garantizar su legalidad. La discusión legislativa continuará en el Congreso para definir los alcances de la reforma y su impacto en la política antidrogas del país.
Fuente: Última Hora
