Una madre reveló el calvario que enfrenta desde que su hijo le confesó haber sido abusado sexualmente en los baños de un centro educativo del departamento Central, institución que eligió por haber sido ella misma alumna años atrás. El pequeño, que entonces cursaba primer grado, guardó silencio durante años debido a las amenazas de muerte contra su familia que recibió de parte del agresor, un estudiante mayor.
El doloroso relato, obtenido por RDN, expone graves falencias en el sistema de protección a la niñez y adolescencia en Paraguay, donde la revictimización y la falta de respuestas institucionales se convierten en una segunda forma de violencia para quienes buscan justicia.
“Un viernes por la noche estábamos completando sus cuadernos pendientes y le pregunté por qué no hacía sus tareas. De repente, mi hijo se puso a llorar y me dijo que me iba a contar algo que nunca me había contado”, compartió la madre. El pequeño, ya en quinto grado y en otra institución, finalmente pudo revelar el trauma que había sufrido años atrás.
Durante este tiempo, el menor había presentado dificultades académicas y comportamentales que fueron erróneamente atribuidas a problemas visuales. “Él siempre tuvo dificultad en los exámenes, en escribir, ya tenía esos síntomas, pero como tenía un problema de vista y estaba con tratamiento en una fundación oftalmológica, yo pensé que era por eso”, explicó la madre.
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Tras la desgarradora confesión, la madre buscó ayuda profesional inmediata. Una psicóloga le indicó seguir el protocolo correspondiente para estos casos, que incluía realizar la denuncia formal. Sin embargo, el proceso en la Fiscalía ha sido revictimizante y desalentador. “Tuve un muy mal trato. Hay una asistente que gritó ‘el niño abusado’ entre toda la gente mientras mi hijo sentía vergüenza. Ellos no tienen ningún tipo de empatía hacia los padres ni hacia los niños”, relató indignada.
La respuesta de las autoridades no solo ha sido insensible sino también desalentadora. Según la denunciante, desde la Fiscalía le indicaron que “como él es varón y ya pasó mucho tiempo desde el hecho, es muy difícil comprobar y hacer justicia”. El caso, aparentemente a cargo de una fiscal, no ha mostrado avances significativos y le sugirieron contratar a un defensor público para continuar con el proceso.
Ante la inacción institucional, la mujer decidió priorizar la salud mental de su hijo, costeando de su bolsillo un tratamiento psicológico privado cada sábado, pese a sus limitados recursos económicos. “Yo soy una señora de escasos recursos y hago lo que puedo y lo imposible para pagarle su tratamiento”, expresó.
La madre también señaló que el colegio donde ocurrieron los hechos “apaña las situaciones que pasan en la institución”, dificultando aún más el esclarecimiento del caso. Esta falta de acción por parte de las autoridades educativas agrava la sensación de desprotección que experimenta la familia.
El impacto del trauma ha afectado profundamente la dinámica familiar. “No le tengo más confianza a nadie. Mis hijos ni siquiera salen a jugar con otros niños, solo están en mi casa o en la casa de su abuela”, explicó la madre, quien ahora vive con el temor constante de que algo similar pueda ocurrirle a su hijo menor que cursa primer grado.
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Según la psicóloga que atiende al menor, el niño pudo finalmente hablar porque ahora se siente seguro en su nuevo entorno escolar. Aparentemente, ver programas sobre abusos infantiles también le dio el valor para compartir su experiencia traumática. “Yo digo que a partir de ahí, al ver y tomar testimonio de esos niños, él decidió hablar y contarme lo que le pasó”, reflexionó la madre.
“Lo que me gustaría es que se haga justicia para que a otro niño no le vuelva a ocurrir”, expresó la madre, quien continúa luchando contra un sistema que parece minimizar estos casos y no ofrece el acompañamiento adecuado a las víctimas de abuso sexual infantil y sus familias, evidenciando una deuda pendiente del Estado con la protección integral de la niñez.
Fuente: RDN
