Reservorio del acueducto en Filadelfia. Foto: Natalia Ortiz.
La Contraloría General de la República (CGR) sigue sin concluir la auditoría del fracasado acueducto del Chaco, a más de dos años de haber iniciado las investigaciones. Este proyecto emblemático, que costó más de 100 millones de dólares a los contribuyentes paraguayos, permanece inoperante mientras las instituciones responsables dilatan la presentación de informes definitivos.
En enero de 2023, el ente contralor encabezado por Camilo Benítez inició una “fiscalización especial inmediata” (FEI) sobre esta obra ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Sin embargo, 26 meses después, el informe sigue en “etapa de borrador” según indicaron fuentes de la CGR, sin proporcionar una fecha concreta para su culminación.
El departamento de comunicaciones de la Contraloría informó que el borrador actualmente se encuentra en evaluación por el área jurídica, donde se analizan posibles indicios de hechos punibles que podrían derivar en denuncias ante el Ministerio Público. Esta respuesta evasiva se suma a la falta de comunicación directa del contralor Benítez, quien no respondió a las consultas realizadas por este medio.
Una cadena de demoras y excusas
La dilatación del informe final responde a un patrón de prórrogas solicitadas tanto por el MOPC como por los exministros involucrados en el proyecto. En noviembre de 2023, Benítez justificó el retraso alegando que todos los implicados debían realizar sus descargos sobre las observaciones preliminares, un argumento que ya había utilizado tres meses antes.
Para ese entonces, la actual ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, ya había solicitado cuatro prórrogas para responder a las observaciones de la CGR. Entre los exministros, solo Enrique Salyn Buzarquis y Rodolfo Segovia habían presentado sus descargos a finales de octubre de 2023, mientras que Ramón Jiménez Gaona había pedido varias postergaciones y Arnoldo Wiens directamente no respondió al organismo de control.
Esta situación evidencia un sistema diseñado para dilatar la rendición de cuentas. Cada prórroga concedida representa meses adicionales sin que la ciudadanía conozca a los responsables de uno de los mayores fracasos en infraestructura pública de las últimas décadas. Mientras tanto, las comunidades chaqueñas siguen sin acceso al agua potable que se les prometió.
Tres gobiernos, quince contratos y cero resultados
El proyecto del acueducto del Chaco atravesó tres administraciones gubernamentales: comenzó durante el gobierno de Federico Franco, continuó con Horacio Cartes y finalizó con Mario Abdo Benítez. En este periodo, el MOPC adjudicó 15 contratos para la construcción, fiscalización y diseño de la obra, por un valor total que superó los 100 millones de dólares.
La fase 1, iniciada bajo la presidencia de Franco, fue adjudicada por 400.732 millones de guaraníes, pero terminó costando 432.282 millones (aproximadamente 58 millones de dólares). Esta etapa incluyó la construcción de instalaciones para la captación y tratamiento del agua del río Paraguay en Puerto Casado, así como el tendido de 203 kilómetros de cañerías hasta un reservorio en Loma Plata.
Las fases 2 y 3, iniciadas durante el gobierno de Cartes y completadas bajo la administración de Abdo Benítez, fueron adjudicadas por 203.568 millones de guaraníes, pero el costo final ascendió a 303.126 millones (unos 41,2 millones de dólares). Estas etapas ni siquiera han sido probadas debido al fracaso de la fase inicial.
Prácticamente todos los contratos experimentaron incrementos cercanos al 20%, el máximo permitido por ley, e incluso uno de ellos registró un sobrecosto del 60%. A pesar de estas significativas inversiones adicionales, los 203 kilómetros de cañerías resultaron inservibles, con reparaciones constantes por parte de la Essap durante su breve periodo de funcionamiento.
Silencio institucional frente al despilfarro
La actual administración del MOPC, bajo la dirección de Claudia Centurión, anunció al inicio de su gestión que realizaría verificaciones técnicas de los 203 kilómetros de cañerías instaladas. Esta tarea fue asignada al entonces viceministro de Obras, Ing. José Espinosa, quien renunció a su cargo en medio de estos trabajos sin que se haya divulgado ningún informe sobre los resultados de dichas verificaciones.
El silencio institucional se ha convertido en la respuesta estándar frente a uno de los mayores despilfarros de recursos públicos en la historia reciente del país. Mientras las autoridades evaden responsabilidades y dilatan informes, las comunidades chaqueñas continúan enfrentando la escasez de agua potable, precisamente el problema que esta millonaria inversión debía solucionar.
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La falta de transparencia en la gestión de esta obra crítica para el desarrollo del Chaco paraguayo refleja deficiencias estructurales en los mecanismos de control y rendición de cuentas del Estado. Cada día que pasa sin un informe definitivo de la Contraloría y sin acciones concretas por parte del Ministerio Público profundiza la percepción de impunidad en el manejo de los recursos públicos.
El caso del acueducto del Chaco representa un paradigma de la ineficiencia en la ejecución de obras públicas: planificación deficiente, supervisión inadecuada, sobrecostos injustificados y, finalmente, resultados nulos. Mientras tanto, la ciudadanía sigue esperando respuestas sobre quiénes son los responsables de este monumental fracaso que costó más de 100 millones de dólares al Estado paraguayo y que, hasta la fecha, no ha beneficiado a ninguno de sus destinatarios originales.
Fuente: ABC Color
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