Un nuevo escándalo sacude al sistema universitario tras la imputación de 23 estudiantes brasileños de la carrera de Medicina de la Universidad María Serrana, acusados de obtener títulos profesionales mediante la presunta producción y uso de documentos no auténticos. Las fiscales Nathalia Paola Silva y Claudia Aguilera formalizaron los cargos luego de descubrir irregularidades graves en el proceso de titulación de estos extranjeros.
Según la investigación fiscal, los imputados llegaron al país en 2020 y fueron incorporados directamente al octavo semestre de la carrera de Medicina, saltándose los primeros años de formación mediante un supuesto proceso de convalidación. El caso tomó relevancia cuando las autoridades detectaron inconsistencias en los certificados de estudios expedidos por la Universidad María Serrana, que indicaban que los estudiantes habían cursado y convalidado materias en la Universidad Sudamericana y en la Universidad Internacional Tres Fronteras.
Las pesquisas del Ministerio Público revelaron que los estudiantes nunca formaron parte de dichas instituciones educativas, lo que constituye una evidencia clave para sostener la acusación de falsificación documental. Este modus operandi habría permitido a los imputados avanzar rápidamente en la carrera y obtener títulos de médicos sin cumplir con la totalidad de requisitos académicos establecidos en el plan de estudios.
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Un elemento que complica la investigación es que la tramitación de estos títulos se realizó a través de la entonces rectora de la Universidad María Serrana, Gerarda Norma Aquino Saucedo, quien ya falleció. Esta circunstancia plantea interrogantes sobre la cadena de responsabilidades administrativas dentro de la institución educativa y dificultades adicionales para determinar quiénes facilitaron el presunto fraude desde el interior de la universidad.
Entre los procesados se encuentran ciudadanos brasileños de diversas edades, incluyendo a Raoni Pires Feitosa Scheidemantel (33), Quemoel Borges (54) y Lydia Ines Borges Villela (36), además de otros 20 acusados. La Fiscalía sostiene que todos estaban conscientes de estar utilizando documentación falsa con el objetivo de obtener el registro oficial como médicos para ejercer la profesión tanto en Paraguay como potencialmente en Brasil.
La investigación también reveló que los certificados presentados contenían firmas y sellos que no procedían del Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), lo que refuerza la hipótesis de una operación organizada de falsificación documental. El Ministerio Público argumenta que la solicitud de registro de títulos y la documentación presentada ante el MEC el 15 de junio de 2020 fueron tramitadas en presunta “connivencia” con los alumnos imputados.
Este caso no representa un hecho aislado en la Universidad María Serrana, que ya ha enfrentado problemas similares en el pasado. En 2022, las autoridades descubrieron un esquema por el cual estudiantes (predominantemente brasileños) lograban la convalidación irregular de materias cursadas en otras universidades, llegando a completar en un solo año asignaturas que normalmente requerirían al menos tres años de estudios. Aquella situación provocó la clausura de las facultades de medicina en las filiales de Asunción y Ciudad del Este.
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Por el momento, las fiscales han solicitado medidas alternativas a la prisión preventiva para los imputados mientras avanza la investigación. El caso ha generado profunda preocupación en el sector académico y de la salud, ya que pone en evidencia posibles fallas sistemáticas en los mecanismos de control y verificación de títulos profesionales en un área tan sensible como la medicina.
Este nuevo escándalo abre un urgente debate sobre la necesidad de reforzar los sistemas de control en la educación superior, especialmente en carreras vinculadas a la salud pública. Las autoridades deberán evaluar tanto los mecanismos de supervisión de las universidades privadas como los procesos de verificación de títulos para garantizar que quienes ejercen como médicos cumplan efectivamente con la formación académica requerida para una profesión tan crítica para el bienestar de la población.
Fuente: El Nacional/PDS
