Marcelo Ricardo Cabaña Santacruz. Gentileza.
Marcelo Ricardo Cabaña Santacruz, hermano del presunto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, deberá continuar en prisión preventiva tras la audiencia de revisión de medidas realizada este viernes. La decisión fue tomada por el juez penal de garantías Miguel Palacios, quien negó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa del acusado.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Ingrid Cubilla, interina de Lorena Ledesma (recusada), argumentó que Cabaña puede recibir tratamiento médico dentro del penal, por lo que no existe justificación para modificar la medida cautelar. Además, se cuestionó la validez de un informe médico presentado por la defensa, ya que habría sido elaborado por un residente de tercer año de medicina, generando dudas sobre su imparcialidad.
El caso Berilo, que involucra a más de 20 acusados, ha enfrentado reiteradas suspensiones debido a maniobras procesales de las defensas. Según la fiscal Cubilla, los acusados han recurrido a recusaciones alternadas y coordinadas contra el juez y la fiscal, con el aparente objetivo de dilatar el proceso judicial.
Desde septiembre de 2024, la audiencia preliminar ha sido postergada al menos en 11 ocasiones. La última suspensión ocurrió en diciembre debido a recursos dilatorios presentados por la defensa. La fiscalía sostiene que estos recursos buscan impedir el avance del juicio, asegurando que los procesados continúen en libertad.
El Ministerio Público sostiene que Reinaldo “Cucho” Cabaña lideraba una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína proveniente de Perú y Bolivia, con destino final en Brasil. Además, se lo acusa de haber lavado dinero ilícito a través de diversas operaciones financieras en Paraguay.
Uno de los principales señalados en la investigación es el diputado colorado Ulises Quintana, quien habría recibido financiamiento de “Cucho” Cabaña para su campaña electoral. La fiscalía alega que el legislador utilizaba su investidura para facilitar las actividades del grupo criminal y evitar interferencias judiciales en sus operaciones.
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Uno de los aspectos más cuestionados en el proceso es la acción de inconstitucionalidad promovida por la Fiscalía General del Estado, la cual tardó casi dos años y medio en resolverse. La defensa de los acusados sostiene que el retraso fue causado por la misma fiscalía y no por las recusaciones presentadas.
Entre los incidentes presentados, se destaca la recusación promovida esta semana por la coacusada Yisela Ramírez, quien argumentó que el juzgado de garantías atribuye a los procesados el tiempo que la Sala Constitucional tardó en resolver el caso. Además, mencionó que las restricciones impuestas afectan su derecho a viajar y atender otras causas.
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El Operativo Berilo, ejecutado en 2018, dejó un saldo de 27 acusados y numerosas incautaciones de bienes y drogas. Pese a los intentos de frenar el proceso, el Ministerio Público busca avanzar con la audiencia preliminar y garantizar que los acusados enfrenten juicio oral.
El juez Miguel Palacios aún debe resolver otros incidentes pendientes antes de definir una nueva fecha para la audiencia. La fiscalía insiste en que las maniobras dilatorias no deben seguir impidiendo el avance del caso, considerando la magnitud del perjuicio causado al sistema judicial.
Fuente: ABC Color
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