El Sistema Nacional del 911 cuenta con 100 dispositivos de monitoreo electrónico listos para implementar el programa de tobilleras, pero su aplicación depende estrictamente de solicitudes formales por parte de los abogados defensores. Hernán Escobar, director del Sistema 911, aclaró que estos dispositivos no se asignan de oficio por decisión judicial, sino que deben ser requeridos específicamente por la defensa pública o privada como parte de una estrategia legal. Esta declaración surge en el contexto de la inminente implementación del programa piloto que comenzará en Asunción, tras meses de preparativos técnicos y jurídicos para poner en funcionamiento este mecanismo alternativo a la prisión preventiva.
Según explicó Escobar, la utilización de estos dispositivos se encuentra respaldada por una acordada de la Corte Suprema de Justicia que establece los lineamientos del plan piloto inicial. “La Corte, por una acordada, determinó que en este plan piloto íbamos a usar 20 tobilleras y solamente en Asunción. Nosotros vamos a cumplir esa acordada, vamos a probarlo y vamos a enviar los informes a todos los miembros del Sistema Nacional de Monitoreo Electrónico (Sindec)”, detalló el funcionario, refiriéndose al organismo interinstitucional creado para administrar este programa, que integran el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, Policía Nacional, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia y Ministerio de la Defensa Pública.
Un aspecto fundamental aclarado por el director del 911 es la naturaleza técnica de estos dispositivos, que pueden cumplir dos funciones distintas según sea la necesidad judicial. “Las tobilleras sirven para que yo no salga de un perímetro determinado y también para que no me acerque a un perímetro, para que no me acerque a la víctima”, precisó Escobar. Sin embargo, puntualizó que la acordada actual de la Corte Suprema solo contempla su uso para casos de prisión domiciliaria, no habiéndose autorizado aún su implementación como medida de protección para víctimas mediante el establecimiento de zonas de alejamiento, aunque esta funcionalidad está técnicamente disponible.
La implementación efectiva de este sistema ha requerido un proceso previo de capacitación institucional, que se realizó en febrero pasado, después de que la Corte Suprema emitiera la acordada correspondiente a mediados de enero. Actualmente, el Sindec se encuentra recibiendo las primeras solicitudes formales. “Ayer, la representante de la Corte nos informó que, en reunión con los magistrados, ya tenía unos pedidos emanados desde la defensa pública y de defensores privados que nos llegarán esta semana o la próxima para evaluar su factibilidad técnica”, indicó Escobar, confirmando que el sistema está entrando en su fase operativa.
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A pesar de que los equipos están disponibles, hasta el momento ninguna persona se encuentra bajo monitoreo electrónico, situación que el director del 911 atribuye principalmente a la reciente finalización del marco normativo y de las capacitaciones necesarias. “En estos momentos no hay persona que tenga la tobillera como una medida. Esto porque se esperó la acordada de la Corte, que salió a mediados de enero e hicimos la capacitación en febrero”, explicó, enfatizando que el sistema está técnicamente operativo pero requiere la activación mediante los canales legales correspondientes.
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La implementación de las tobilleras electrónicas representa un avance significativo en la modernización del sistema penitenciario, ofreciendo alternativas a la prisión preventiva que podrían ayudar a descongestionar las cárceles y reducir costos para el Estado, mientras se mantiene un control efectivo sobre personas procesadas. Sin embargo, su efectiva utilización depende ahora exclusivamente de la proactividad de los abogados defensores. “La verdad es que, el que tiene que pedir la medida es el abogado defensor o la defensa pública. No es que el juez de oficio otorga, el juez espera el pedido”, concluyó Escobar, haciendo un llamado implícito a los profesionales del derecho para que consideren esta alternativa en los casos pertinentes, aprovechando una herramienta tecnológica que podría beneficiar tanto al sistema judicial como a los imputados elegibles para esta medida.
Fuente: ABC Color
