La reforma aduanera impulsada por la administración Peña genera fuerte rechazo en la frontera con Brasil. Mientras la DNIT y el Ministerio de Industria buscan eliminar los despachos menores, miles de familias paraguayas ven amenazada su subsistencia en un conflicto que escala día a día.
Crisis en la frontera: pequeños importadores contra los gigantes
En Ciudad del Este y Presidente Franco el clima es de tensión. El Gobierno nacional, a través de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), pretende implementar una reforma que eliminaría los despachos menores, afectando directamente a miles de pequeños comerciantes. Esta modificación, impulsada por Óscar Orué y el ministro Javier Giménez, ha desatado la furia de importadores independientes que ven en esta medida un claro favoritismo hacia la Unión Industrial Paraguaya (UIP).
“El Gobierno quiere convertir todo en despachos mayores para beneficiar a los grandes importadores con respaldo financiero, dejándonos fuera del mercado”, señaló un prominente líder camionero de la zona. Lo paradójico es que mientras las autoridades paraguayas presionan por estos cambios, la Receita Federal de Brasil se opone firmemente, considerándolos “imposibles de aplicar” en el corto plazo.
Este negocio de importación, que genera aproximadamente 10 millones de dólares anuales, sostiene la economía de más de 5.000 familias paraguayas que dependen del comercio fronterizo para subsistir.
Conflicto de intereses: puertos privados bajo sospecha
La situación se complica aún más cuando se analiza el trasfondo de estos cambios. Fuentes cercanas al conflicto denuncian que la UIP busca monopolizar las operaciones comerciales fronterizas a través de los puertos privados. Este plan genera desconfianza en las autoridades brasileñas, quienes señalan a estos puertos como focos de contrabando.
“La Receita no confía en los privados porque todo cargamento ilegal de cigarrillos viene de los puertos privados. Nunca se registró contrabando en un puerto de Aduanas oficial”, reveló un importador a LPO. La desconfianza no es infundada: Brasil ha denunciado repetidamente la debilidad de los controles aduaneros en estos puntos privados.
El ministro Giménez, quien anteriormente presidió la Cámara Paraguaya de Puertos Privados, enfrenta acusaciones de conflicto de intereses. Según informaciones obtenidas por LPO, el titular de Industria y Comercio posee propiedades estratégicamente ubicadas sobre el río, a escasos metros del Puente de la Integración.
La respuesta local: autoridades regionales intervienen
Ante la gravedad de la situación, las autoridades municipales de Presidente Franco y Ciudad del Este, con apoyo de concejales departamentales, han solicitado la intervención del gobernador César “Landy” Torres para que transmita al presidente Peña las preocupaciones de la región.
Para esta tarde está prevista una reunión crucial entre Alcides Ramón Brizuela Pereira, director de Aduanas de Ciudad del Este, autoridades departamentales y representantes de comerciantes e importadores. El objetivo es encontrar una solución que evite el desplome de la economía local.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
Paralelamente, otro frente de conflicto surge con la paralización de las obras del puente de Presidente Franco, que debían concluir en abril. La ministra Claudia Centurión ordenó la cancelación sin explicaciones oficiales, generando sospechas sobre posibles maniobras para beneficiar a empresas privadas.
En un momento donde la economía fronteriza ya enfrenta desafíos significativos, estas reformas amenazan con profundizar las desigualdades comerciales, favoreciendo a los grandes grupos económicos mientras miles de paraguayos enfrentan un futuro incierto.
Fuente: La Política Online
