Instituto Nacional del Cáncer. Foto: Gentileza.
A siete años de su promulgación, la Ley 6266 conocida como “Ley del Cáncer” enfrenta graves obstáculos para su implementación efectiva en Paraguay. Mientras el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte prematura en el país, especialistas advierten sobre la necesidad urgente de fortalecer la infraestructura sanitaria y mejorar la coordinación entre instituciones para garantizar una atención integral a los pacientes.
La normativa, aprobada en 2018 tras un esfuerzo colaborativo entre médicos, especialistas y organizaciones civiles, estableció un marco legal integral para asegurar atención digna, oportuna y de calidad a pacientes oncológicos. Sin embargo, la pandemia de COVID-19 y los cambios en la administración pública ralentizaron significativamente su implementación efectiva, dejando importantes vacíos en la ejecución de sus disposiciones fundamentales.
El ambicioso alcance de la ley comprende todas las instituciones del Sistema Nacional de Salud, incluyendo entidades públicas, privadas, el Instituto de Previsión Social (IPS) y la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Su objetivo central es solucionar problemas de acceso desigual al diagnóstico, tratamiento y atención integral, especialmente en áreas rurales y poblaciones con recursos limitados, donde el cáncer suele diagnosticarse en etapas avanzadas cuando las posibilidades de tratamiento efectivo disminuyen drásticamente.
Un componente crucial de la normativa es el artículo 12, que establece la creación del “Registro Nacional de Personas con Cáncer” dependiente del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN). Esta disposición obliga a la notificación de todo diagnóstico confirmado de cáncer en territorio nacional, requiriendo que todas las instituciones del sistema sanitario mantengan registros actualizados. Este sistema debería funcionar de manera continua y permanente, garantizando datos de calidad y respetando la confidencialidad de los pacientes.
“Si bien contamos con especialistas, no son suficientes. Contamos con infraestructura y equipamiento, pero no se prevé el mantenimiento. Contamos con Registros, pero no están unificados ni actualizados”, señala Norah Giménez, directora ejecutiva de la Fundación Unidos Contra el Cáncer (FUNCA), evidenciando las deficiencias persistentes en el sistema. Esta fragmentación de información impide una planificación efectiva tanto de programas preventivos como de asignación presupuestaria.
La falta de eficiencia en el gasto público representa otro desafío crítico. “Necesitamos calidad y eficiencia en el gasto público, si siempre estamos llegando tarde con los diagnósticos, tratamientos, insumos o medicamentos, además del altísimo e invaluable costo en vidas, siempre estamos gastando más”, advierte Giménez. Los tratamientos oncológicos aumentan exponencialmente su costo y disminuyen su efectividad cuando los pacientes son diagnosticados en etapas avanzadas, situación común en Paraguay debido a las deficiencias del sistema.
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Para superar estos obstáculos, expertos proponen cuatro acciones prioritarias: fortalecer la infraestructura sanitaria con equipamiento adecuado y mantenimiento garantizado; implementar programas de capacitación continua para profesionales de salud; promover el involucramiento activo de todos los sectores sociales en la sensibilización y educación; y mejorar radicalmente la coordinación interinstitucional para asegurar una atención integral efectiva.
La situación actual de la Ley del Cáncer en Paraguay refleja un patrón común en las políticas públicas nacionales: marcos legales ambiciosos con implementación deficiente. El desafío para las autoridades sanitarias y la sociedad civil consiste en traducir el compromiso expresado en la legislación en acciones concretas que impacten positivamente en la vida de los pacientes. Mientras tanto, la burocracia, la falta de recursos adecuados y la descoordinación institucional siguen siendo barreras que, literalmente, cuestan vidas paraguayas cada día.
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