La mayoría cartista en la Cámara de Diputados rechazó un pedido de informes que pretendía solicitar al Ministerio Público datos sobre la resolución que designó a los fiscales César Sosa y Elva Cáceres para atender la causa contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios de su gobierno. La iniciativa, presentada por el diputado Raúl Benítez (independiente), fue derivada a comisiones sin tratamiento en el pleno, en lo que el legislador considera una maniobra para evitar la transparencia en el proceso. El requerimiento buscaba obtener información detallada sobre la Resolución FGE N° 746 del 4 de marzo de 2025, incluyendo el documento original en formato digital, ante sospechas de que podría haber sido elaborado fuera del ámbito del Ministerio Público.
La designación de los fiscales Sosa y Cáceres se produjo con inusual rapidez tras la repentina renuncia del fiscal Guillermo Sanabria, quien abandonó el caso apenas horas antes del vencimiento del plazo para presentar el requerimiento conclusivo en la causa. Este proceso judicial se originó a partir de una denuncia presentada por el expresidente y actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, quien acusó a Abdo Benítez y varios exministros de supuestamente contribuir para que el gobierno de Estados Unidos le impusiera sanciones económicas y políticas. La celeridad en el nombramiento de los nuevos fiscales, justo cuando se aproximaba el término legal para la presentación de conclusiones, generó suspicacias en diversos sectores políticos.
El diputado Benítez fundamentó su pedido de informes en la necesidad de conocer el proceso de elaboración de la resolución de designación, ante la sospecha de que el documento podría haber sido redactado u ordenado desde fuera del Ministerio Público, posiblemente por el entorno del denunciante Horacio Cartes a través de sus representantes legales. Esta preocupación no surge de manera aislada, sino que se sustenta en precedentes documentados en el mismo caso, cuando se formuló la imputación inicial contra Abdo, el diputado Mauricio Espínola (ANR, FR) y otros exfuncionarios del gobierno anterior. En aquella oportunidad, se filtraron conversaciones entre el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, y el entonces fiscal del caso, Aldo Cantero, donde el primero aparentemente dirigía las diligencias investigativas.
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La bancada cartista, que ostenta mayoría en la Cámara Baja, optó por enviar el pedido de informes a comisiones, mecanismo frecuentemente utilizado para postergar indefinidamente el tratamiento de iniciativas incómodas para el oficialismo. Esta práctica parlamentaria, conocida coloquialmente como “cajonear” los proyectos, permite evitar el rechazo directo de propuestas mientras efectivamente se impide su consideración en el pleno. El proceder de los legisladores oficialistas refuerza las sospechas sobre posibles irregularidades en la designación de los nuevos fiscales, particularmente considerando la histórica influencia del expresidente Cartes en diversas instituciones del Estado paraguayo, incluyendo el Poder Judicial y el Ministerio Público.
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Las circunstancias que rodean este caso han provocado una reacción inmediata por parte de la defensa del expresidente Abdo Benítez, que presentó recusaciones contra todos los fiscales involucrados en la investigación. Los abogados defensores formalizaron impugnaciones contra los recientemente designados César Sosa y Elva Cáceres, así como contra el fiscal de Paraguarí Osmar Segovia, la fiscala Adjunta Matilde Moreno, y el propio fiscal general Emiliano Rolón. Estas recusaciones buscan apartar a dichos funcionarios de la causa por presunta falta de imparcialidad, en un intento por garantizar un debido proceso alejado de presiones políticas. La estrategia defensiva evidencia la desconfianza hacia la actuación del Ministerio Público en un caso de alto perfil político que enfrenta a dos expresidentes de la República.
Fuente: ABC Color
