Diputado Daniel Centurión (ANR, FR). Juan Pablo Pino
El diputado colorado disidente Daniel Centurión presentó un proyecto de modificación a la Ley N° 6814/21 que regula el funcionamiento del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). La iniciativa propone tres cambios fundamentales que buscan mejorar el sistema sin recurrir a una reforma constitucional, tras el escándalo generado por las conversaciones halladas en el teléfono del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes.
El proyecto plantea modificaciones a los artículos 7°, 18, 22, 33 y 34 de la ley vigente, centrándose en tres aspectos críticos: eliminar la oficiosidad de los procesos, suprimir la figura del apercibimiento como sanción intermedia y reducir el mandato de los representantes legislativos que integran el órgano extrapoder. Según explicó Centurión, estas reformas son viables desde la legalidad sin necesidad de tocar la Constitución Nacional, lo que podría representar un riesgo en el contexto político actual, donde el cartismo podría aprovechar para introducir temas como la reelección presidencial.
La primera modificación propuesta busca eliminar las investigaciones “de oficio”, limitando la capacidad del JEM para iniciar procedimientos sin una denuncia formal previa. “Hoy, de oficio el Jurado determina enjuiciarle a un magistrado, a un fiscal o a un defensor y, sin embargo, lo que vemos que está ocurriendo es que se está utilizando como un garrote desde el jurado. El jurado termina siendo juez y parte en todo el proceso”, señaló el legislador. Esta facultad ha sido cuestionada tras revelarse casos como el de los audios del fallecido senador Óscar González Daher, donde se evidenció el uso de este mecanismo para presionar a fiscales que no se sometían a intereses políticos.
El segundo punto propone eliminar la figura del apercibimiento entre las sanciones establecidas en la ley. Actualmente, tras acumular tres apercibimientos, un magistrado puede ser removido de su cargo, pero esta medida intermedia ha sido utilizada tanto para ejercer presión sobre jueces y fiscales como para “salvar” a aquellos que merecerían ser destituidos. “Acá tiene que haber dos caminos. ¿Existe reprochabilidad en las decisiones, en las resoluciones de un enjuiciado? Si existe, perfecto, entonces corresponde la remoción. ¿No existe reprochabilidad? Entonces corresponde exculparle al enjuiciado”, explicó Centurión, proponiendo un sistema binario que elimine la zona gris que permite manipulaciones.
La tercera propuesta, que no figura explícitamente en el proyecto pero que el diputado planea debatir en comisiones, consiste en reducir el mandato de los representantes políticos ante el JEM, actualmente fijado en tres años. Este punto busca limitar la permanencia prolongada de legisladores en un órgano que debería funcionar con mayor independencia. Centurión aclaró que esta reducción estaría dirigida principalmente a los representantes del Congreso, reconociendo que para los representantes del gremio de abogados, que son elegidos mediante procesos formales, podría no ser práctico realizar elecciones con mayor frecuencia.
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Aunque el legislador reconoce que estas modificaciones son insuficientes para una reforma integral del sistema, las considera necesarias y viables en el contexto actual. “A mí me hubiese gustado que realmente se elimine, por ejemplo, la representación del parlamento ante el Jurado de Enjuiciamiento. Porque, si hablamos de despolitizar, no podemos seguir manteniendo un estamento eminentemente político”, expresó Centurión. Sin embargo, cualquier cambio en la composición del JEM requeriría modificar la Constitución, que establece que el órgano debe estar integrado por ocho miembros, cuatro de ellos provenientes del ámbito político.
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El proyecto surge como respuesta al último escándalo de influencia política sobre el sistema judicial, revelado tras la pericia al teléfono del diputado Lalo Gomes, que evidenció el sometimiento de la justicia a intereses políticos a través del JEM. Esta situación ya provocó la renuncia del entonces miembro del Jurado y exdiputado Orlando Arévalo, siendo hasta ahora el único “cambio” concreto tras las revelaciones. La iniciativa de Centurión busca ser un primer paso hacia un sistema de control de magistrados más transparente y menos susceptible a manipulaciones políticas.
Fuente: ABC Color
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