El abogado Óscar Tuma, representante legal de la familia del fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, denunció que una funcionaria del Ministerio Público exigió el pago de USD 300.000 para evitar la filtración de información sobre él. Según la acusación, la relatora fiscal Jessica Báez operaba junto con agentes antidrogas en un presunto esquema de extorsión.
Tuma reveló que Báez, quien integró el equipo del fiscal Osmar Segovia en las investigaciones “Pavo Real I” y “Pavo Real II”, fue señalada por su presunta implicación en la manipulación de información y la obstrucción de operativos contra el lavado de dinero. Además, afirmó que la funcionaria habría participado en el allanamiento a la vivienda de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado, donde se escuchó la orden de “mátenle, mátenle”.
El abogado explicó que la exigencia del dinero se produjo antes de que Gomes asumiera su cargo parlamentario, en 2022, y que la solicitud se realizó a través de una alta autoridad de Amambay, cuya identidad no fue revelada. La negativa del exdiputado habría desatado una serie de filtraciones y persecuciones en su contra, según la versión de la familia.
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El caso cobró mayor relevancia debido a la falta de avances en la investigación sobre la muerte de Lalo Gomes en un operativo policial realizado en Pedro Juan Caballero en agosto de 2024. A siete meses del incidente, ningún fiscal ha sido citado a declarar, lo que ha generado sospechas sobre una posible interferencia en el proceso.
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Ante esta situación, la familia Gomes evalúa presentar una denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para exigir el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, el Ministerio Público no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones contra Báez y su presunta vinculación con el esquema de extorsión.
Fuente: ABC Color
