Abuso policial: Conductor de plataforma denuncia cateo ilegal

Un grave atropello a los derechos ciudadanos quedó evidenciado cuando un conductor de plataforma digital denunció que agentes de la Comisaría 5ª de Asunción realizaron un cateo ilegal a su vehículo sin presentar orden judicial alguna. El hecho ocurrió mientras el trabajador trasladaba a una pasajera habitual residente en el barrio Ricardo Brugada, conocido como la Chacarita, zona estigmatizada por las autoridades.

La secuencia del abuso policial comenzó cuando el conductor transportó a la mujer desde la zona de Artigas hasta la Chacarita, donde ya fueron abordados por primera vez por agentes que les solicitaron identificación. Posteriormente, al reiniciar el viaje con destino a la Estación de Buses (ex Terminal de Ómnibus), dos patrulleras interceptaron el vehículo a la altura de la calle Estados Unidos.

Sin justificación legal ni orden fiscal, los uniformados procedieron a inspeccionar tanto el automóvil como las pertenencias personales de la pasajera, acusándolos arbitrariamente de ser “sospechosos» de posesión de estupefacientes. La prepotencia policial quedó documentada cuando, ante el reclamo del conductor sobre la necesidad de una orden judicial, un agente respondió despectivamente: “Estupideces ko la erea”.

El trabajador, atemorizado por el irregular procedimiento, decidió grabar lo ocurrido como evidencia del abuso. En declaraciones a NPY, denunció además que uno de los policías dañó el tapizado de su vehículo durante el cateo ilegal, profundizando el atropello a su propiedad privada.

Este incidente expone nuevamente la vulnerabilidad de los ciudadanos ante procedimientos policiales que violan garantías constitucionales básicas, como el derecho a no ser cateado sin orden judicial. La arbitrariedad con que actuaron los agentes revela serias falencias en la formación sobre derechos humanos y garantías procesales dentro de la institución policial.

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La discriminación por zona de residencia también queda en evidencia, ya que el hecho de trasladar a una persona de la Chacarita fue aparentemente motivo suficiente para convertirlos en “sospechosos” a ojos de los uniformados, revelando prejuicios institucionalizados contra habitantes de barrios populares.

Este tipo de abusos policiales continúa sin ser adecuadamente sancionado, perpetuando una cultura de impunidad que socava la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la seguridad pública. Urge una investigación rigurosa del caso y medidas disciplinarias contra los agentes involucrados para garantizar que los derechos ciudadanos sean respetados, independientemente del barrio donde residan o circulen.

Fuente: Última Hora