El sistema judicial enfrenta un grave cuestionamiento tras la denuncia formal presentada este lunes por el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Acompañado por sus abogados Gilda Portillo y Guillermo Ferreiro, el jefe comunal acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar la presunta adulteración de carpetas fiscales en las causas donde figura como procesado, solicitando una auditoría exhaustiva de todas las investigaciones.
La denuncia está respaldada por documentación que, según la defensa, evidencia la manipulación de folios y la sustracción deliberada de pruebas favorables al intendente. “Pedimos la auditoría de todas las carpetas fiscales, porque en al menos 20 de las 42 causas, ya tenían que haberme declarado inocente pero seguramente por algunas presiones extrapoderes no lo están haciendo. Pero tenemos las pruebas y estamos presentando”, declaró Prieto tras la presentación realizada ante la máxima autoridad fiscal.
[ACTUALIZACIÓN] Para el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, existen al menos 3 causas penales en las que el Ministerio Público ha solicitado desestimación, en base a peritajes favorables que datan de 2021.
Los peritos concluyeron de que las obras están, de que… pic.twitter.com/zKdhyUxnXY
— El Observador (@observapy) February 24, 2025
Uno de los casos más controvertidos señalados por la defensa refiere a una supuesta sobrefacturación en la perforación de pozos artesianos. En dicho expediente, el fiscal Juan Ledesma ya había solicitado la desestimación después de un peritaje que resultó favorable al intendente. Sin embargo, la causa permaneció dos años en el Juzgado de Ciudad del Este bajo la responsabilidad de la jueza Teresita Cazal, quien posteriormente derivó el caso a la Unidad Penal N° 8 de Asunción, a cargo del fiscal Silvio Corbeta.
La intervención del fiscal Corbeta genera particular controversia debido a la aparente ausencia de una resolución formal de asignación emitida por el Fiscal General del Estado. Más cuestionable aún resulta que, a pesar de contar con una pericia del propio Ministerio Público favorable a Prieto, el fiscal no ha procedido al cierre de la causa, generando interrogantes sobre los motivos para mantener activa la investigación ante la aparente falta de elementos incriminatorios.
Otro expediente señalado por los denunciantes corresponde a una acusación por lesión de confianza y administración en provecho propio, relacionada con una supuesta licitación irregular para la adquisición de insumos de panificados distribuidos durante la pandemia. La defensa había recusado previamente a los fiscales intervinientes precisamente por presunta adulteración de la carpeta fiscal, sin embargo, la FGE autorizó a los fiscales recusados a presentar un requerimiento conclusivo.
La abogada Gilda Portillo destacó una irregularidad procesal adicional en este caso. Según explicó, la fiscal Alma Zayas firmó la acusación el 8 de octubre de 2024, pese a haber sido nombrada Fiscal Adjunta de Concepción el 2 de octubre del mismo año, circunstancia que según la defensa la inhabilitaba para realizar dicho requerimiento por incompetencia territorial.
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El equipo jurídico de Prieto sostiene que la presentación de esta denuncia documentada busca dejar constancia formal de lo que consideran una persecución política orquestada a través del Ministerio Público, con investigaciones que califican como sesgadas, parciales y plagadas de negligencias procedimentales que vulneran garantías constitucionales básicas.
La Fiscalía General del Estado deberá ahora evaluar la denuncia presentada y determinar si procede la auditoría solicitada.
Este caso pone en el centro del debate público la transparencia del sistema judicial y plantea interrogantes sobre la independencia del Ministerio Público frente a presiones externas, en un contexto donde la judicialización de la política representa un desafío creciente para la institucionalidad democrática del país.
Fuente: PDS
