El triple aniversario del tiroteo en el Ja’umina Fest de San Bernardino marca un hito en la justicia, con dos procesos judiciales pendientes que revelan una compleja red de narcotráfico y crimen organizado. El incidente, ocurrido el 30 de enero de 2022, resultó en la muerte del presunto narcotraficante Marcos Ignacio Rojas y la influencer Cristina Vita Aranda.
Las investigaciones identificaron a dos presuntos responsables principales: Alcides Dejesús Villasboa Peralta, señalado como miembro del Primer Comando Capital (PCC), y su primo, el policía Junior Michael Peralta Díaz. El móvil del crimen estaría relacionado con una deuda de 18 kilos de marihuana peruana, valorada en USD 3.600 por kilo, que desencadenó un conflicto interno en la organización criminal.
La investigación del caso destapó una red más amplia de narcotráfico, que derivó en un segundo proceso judicial contra ocho personas, incluyendo al político colorado Jeis Leonardo Urquhart, acusado de brindar apoyo logístico al PCC. Este juicio, programado inicialmente para mayo, fue adelantado al 17 de febrero por el Tribunal de Sentencia.
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Un caso paralelo involucró a dos suboficiales de policía, Ramón Balbino Vargas y Félix Antonio Ayala, quienes fueron condenados en diciembre de 2024 a cuatro años y seis meses de prisión por alterar registros policiales para beneficiar a José Luis Bogado Quevedo, uno de los heridos en el tiroteo y requerido por Brasil.
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Bogado Quevedo, quien enfrenta 34 procesos por presunto tráfico de drogas y armas, se encuentra en una situación legal compleja. A pesar de confirmarse su extradición a Brasil, el juez Miguel Palacios revocó la decisión en junio de 2024 debido a una suspensión condicional en una causa por apropiación que le prohíbe salir del país.
El caso Ja’umina con tres prófugos aún sin capturar -Anastasio Mareco, Wilson Villasboa y Osvaldo Gómez- y múltiples procesos judiciales pendientes, continúa develando conexiones entre el narcotráfico y distintos estamentos de la sociedad paraguaya.
Fuente: Última Hora