El presidente Santiago Peña promulgó la Ley 7452, que modifica sustancialmente el régimen de Alianza Público Privada (APP), otorgando mayores facultades al Poder Ejecutivo y permitiendo sobrecostos de hasta 45% en proyectos de infraestructura. La normativa, aprobada con mayoría cartista, reemplaza a la Ley 5102/2013.
El nuevo marco legal establece un límite de obligaciones estatales de USD 352 millones anuales, equivalente al 4% del PIB del año anterior, con pagos que no deben exceder el 0,8% del PIB. Sin embargo, la ley faculta al Poder Ejecutivo para modificar estos topes según criterio del Ministerio de Economía y Finanzas, sin requerir aprobación legislativa.
Entre las modificaciones más significativas destaca la extensión del plazo máximo de proyectos de 30 a 40 años, así como la facultad de la administración contratante para modificar unilateralmente los contratos. Estas alteraciones pueden incrementar los costos en un 15% de forma unilateral y hasta un 30% adicional por acuerdo mutuo.
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La experiencia previa con el modelo APP muestra precedentes relevantes, como la ampliación de la ruta PY02, inicialmente presupuestada en USD 500 millones y que alcanzó USD 816 millones tras sucesivas adendas. Este proyecto, ejecutado por el Consorcio Rutas del Este, mantiene una concesión de 30 años en el tramo Ypacaraí-km 183.
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La Presidencia justifica la reforma como una modernización necesaria para alinear el régimen de promoción de inversiones con estándares internacionales. La nueva normativa busca incentivar las iniciativas privadas mediante criterios de evaluación y asignación de riesgos supuestamente más eficientes.
La aprobación a libro cerrado de esta ley, sin debate con la oposición, genera preocupaciones sobre la transparencia y el control de los recursos públicos en futuros proyectos de infraestructura. La eliminación de la supervisión legislativa en modificaciones presupuestarias representa un cambio significativo en la gobernanza de inversiones públicas.
Fuente: Última Hora