El viceministro de Seprelad, Pablo Andrés Rojas Pichler; la camarista de Crimen Organizado y Delitos Económicos, Claudia Carolina Criscioni Ferreira, y la jueza de Ejecución de la Capital, Sandra Noelia Kirchhofer González, quienes integraron la delegación que tuvo que volver de Estados Unidos.
Una delegación paraguaya de once funcionarios debió retornar precipitadamente de Estados Unidos tras la suspensión abrupta de programas de cooperación en seguridad ordenada por el gobierno de Donald Trump. La comitiva, que había llegado a Roswell, Nuevo México, para participar en un curso en la Academia Internacional de Aplicación de la Ley (ILEA), fue notificada de la cancelación inmediatamente después de su arribo.
El grupo estaba integrado por representantes de alto nivel, incluyendo a Pablo Rojas Pichler, viceministro de Seprelad, tres funcionarias del Poder Judicial y siete oficiales de la Policía Nacional. La delegación había viajado para participar en el Simposio de Política Ejecutiva y Desarrollo sobre Estrategias Internacionales de Ejecución Financiera, programado del 27 de enero al 7 de febrero de 2025.
La suspensión afectó también a delegaciones de Perú y Uruguay, evidenciando un cambio significativo en la política de cooperación estadounidense hacia Latinoamérica. Los funcionarios paraguayos fueron desalojados de su hotel el sábado por la mañana y retornaron al país el lunes siguiente, tras un viaje con escalas en Brasil y Argentina.
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La situación coincide con un período de tensión en las relaciones bilaterales, marcado por la reciente cancelación de la cooperación entre la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. Este distanciamiento se ha visto agravado por disputas diplomáticas que incluyen el traslado del embajador estadounidense Marc Ostfield.
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La decisión del gobierno de Trump de suspender el financiamiento para programas de cooperación en seguridad representa un giro significativo en la política exterior estadounidense hacia la región. La cancelación abrupta del curso en ILEA, una institución bajo el control del Departamento de Estado, señala un cambio en las prioridades de cooperación internacional.
Entre los funcionarios afectados se encontraban especialistas en áreas críticas como crimen organizado, terrorismo y delitos financieros, incluyendo a la camarista Claudia Criscioni, la jueza Sandra Kirchhofer, y varios comisarios de la Policía Nacional especializados en diferentes áreas de investigación criminal.
Fuente: ABC Color
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