Municipalidad de Asunción iniciará remates por morosidad

La Municipalidad de Asunción, bajo la administración del imputado intendente Óscar Nenecho Rodríguez, iniciará en febrero el proceso de remate de propiedades de contribuyentes morosos. Jorge Cantero, de la Asesoría Jurídica municipal, confirmó que al menos dos propiedades serán subastadas, con otros setenta casos en espera de fecha de remate y más de mil procesos iniciados.

La medida se implementa en medio de una crisis económica institucional y cuestionamientos sobre el destino de G. 500.000 millones en bonos originalmente destinados a obras públicas. A pesar de los múltiples requerimientos de acceso a la información pública, la administración no ha presentado documentación que respalde el uso de estos fondos.

La gestión municipal también ha intensificado acciones contra ocupantes de inmuebles municipales y propietarios de cartelería irregular. Según Nelson Mora, jefe de Gabinete, la regularización de cartelería generó ingresos adicionales de G. 1.800 millones en el último trimestre de 2024, aunque no se han proporcionado datos detallados que respalden estas cifras.

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El equipo de Rodríguez afirma haber alcanzado niveles récord de recaudación, señalando un aumento del 200% respecto a administraciones anteriores. Sin embargo, estas declaraciones contrastan con la falta de transparencia en el manejo de los bonos municipales, caso que ya ha sido elevado a la Fiscalía por la Contraloría General de la República.

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La administración municipal justifica el desvío de fondos mediante un sistema de cuenta única, amparado en la ordenanza 175/18. No obstante, existe controversia sobre la legitimidad de la resolución 2424/19, supuestamente emitida durante un asueto, que el propio Rodríguez había negado previamente ante la Contraloría en 2020.

Sorpresivamente, en el presupuesto 2025 aparecen G. 410.668.317.108 como saldo de bonos, sin que se haya proporcionado explicación clara sobre la discrepancia entre estos fondos y los montos previamente cuestionados. La falta de transparencia en el manejo de recursos públicos contrasta con las medidas coercitivas anunciadas contra contribuyentes morosos.

Fuente: ABC Color

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