Fachada del Palacio de Justicia de Asunción, donde se tramitó un juicio en el que el Estado paraguayo fue condenado a indemnizar a dos hermanos víctimas de la dictadura stronista. Gentileza
El sistema judicial enfrenta serias irregularidades en sus procedimientos de notificación, según revela una reciente auditoría que detectó múltiples anomalías en las actuaciones de los ujieres. El caso más notorio involucra a la ujier Mariam Ortiz Aquino, quien reportó 33 notificaciones para la firma CARSA en distintas ciudades durante un mismo día, el 18 de junio de 2024, en localidades tan distantes como Encarnación, Concepción y Lambaré.
La investigación señala que estas notificaciones presentan graves deficiencias formales, incluyendo la ausencia de fecha y hora en las cédulas, lo que viola directamente los artículos 135, 136 y 137 del Código Procesal Civil. Esta situación se repite en el caso del ujier Alfredo Samudio, quien registró notificaciones simultáneas para LITORAL TRADING S.R.L. en ocho localidades diferentes el 3 de julio de 2024.
Los auditores identificaron un patrón sistemático de irregularidades que se extiende también a otros oficiales de justicia, incluyendo a Renato Sosa, Diego Riquelme y Liz Alonso, entre otros. Estos funcionarios presentaron mandamientos de intimación sin especificación horaria y reportaron diligencias simultáneas en lugares geográficamente distantes.
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La gravedad de estas irregularidades ha llevado a los auditores, encabezados por los abogados Nabili Barceló, Belén Sanabria y Rodrigo Torreani, a recomendar una investigación por parte del Ministerio Público. Las anomalías detectadas sugieren posibles hechos punibles, considerando que las cédulas de notificación son instrumentos públicos.
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El equipo auditor ha propuesto la implementación urgente de un sistema electrónico centralizado para el registro y seguimiento de documentos judiciales, especialmente pagarés. Esta recomendación surge ante la imposibilidad de verificar la existencia de documentos ejecutados múltiples veces en diferentes juzgados debido a la ausencia de un sistema de gestión digital.
Las conclusiones del informe han sido remitidas a la Superintendencia General de Justicia y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para su evaluación. Además, se ha solicitado la intervención del Ministerio Público para investigar las posibles implicaciones legales de estas actuaciones irregulares en el sistema judicial.
Fuente: El Observador
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