La controversia por el ingreso de mujeres a la Policía Nacional alcanza un nuevo nivel tras revelarse que el cupo máximo establecido viola directamente dos leyes vigentes, según señala la abogada experta en derechos humanos, Diana Vargas.
Más de 2.300 aspirantes femeninas que aprobaron los exámenes de conocimiento quedaron excluidas del proceso de admisión al Colegio de Policía, generando protestas frente al Ministerio del Interior. Las afectadas denuncian discriminación al observar que varones con puntajes inferiores avanzaron en el proceso.
La ley de reforma y modernización policial promovida por el actual ministro @EnriqueRieraE establece el ingreso de todas las postulantes femeninas q cumplan requisitos (sin cupo máx) y la ley contra la discriminación en unidades académicas policiales también está vigente pic.twitter.com/1e7l6gWdo8
— Diana Vargas (@DiVargas00) January 23, 2025
La situación resulta particularmente contradictoria ya que una de las leyes vulneradas es la de reforma y modernización policial, impulsada por el actual ministro del Interior, Enrique Riera. Esta normativa establece específicamente el ingreso de todas las postulantes femeninas que cumplan los requisitos, sin establecer límites numéricos.
La segunda ley violada es la que prohíbe la discriminación en unidades académicas policiales, evidenciando un conflicto directo entre las prácticas actuales de admisión y el marco legal vigente.
Las jóvenes afectadas, con edades entre 20 y 24 años, exigen audiencias con el ministro Riera y el presidente Santiago Peña para exponer su situación. Su reclamo se centra en la inequidad del proceso de selección del Instituto Superior de Educación Policial (Isepol).
Como respuesta a esta situación, la abogada Vargas anunció una estrategia legal en tres frentes: solicitar la reconsideración de la resolución de admitidos, buscar la intermediación de la Comisión Permanente del Congreso y presentar el caso ante la Defensoría del Pueblo.
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El caso ha generado preocupación en diversos sectores de la sociedad, destacando la persistencia de barreras discriminatorias en instituciones públicas, especialmente en áreas tradicionalmente dominadas por hombres como las fuerzas de seguridad.
Esta controversia plantea interrogantes sobre el compromiso real de las autoridades con la igualdad de género en las fuerzas de seguridad y la necesidad de garantizar procesos de selección transparentes y equitativos.
Fuente: ABC Color
