La Federación de Asociaciones Mineras de San Lázaro lleva adelante una medida de fuerza que incluye el bloqueo del acceso a la ciudad industrial. La movilización, que comenzó hace dos semanas, tiene como objetivo exigir un ajuste en los precios de la dolomita y la caliza, insumos fundamentales para las industrias locales. Los mineros argumentan que los costos operativos, ambientales y técnicos han aumentado significativamente, por lo que solicitan una revisión de las tarifas actuales.
La dirigencia de los trabajadores rechaza la intervención de la Industria Nacional del Cemento (INC) en la fijación de precios. Según indican, el contrato vigente establece que las negociaciones deben realizarse directamente con los empresarios industriales. Sin embargo, la reciente decisión del presidente de la INC, Gerardo Guerrero Agusti, de trasladar la mesa de diálogo a Asunción en lugar de Vallemí, ha generado un mayor descontento entre los mineros.
Ruth Escobar, presidenta de la Asociación de Mineros de Tres Cerros, afirmó que la falta de respuesta por parte de las autoridades ha llevado a los trabajadores a una situación insostenible. “No podemos seguir operando con precios desactualizados que no reflejan nuestros costos”, señaló. Por su parte, Antonio Insfrán, representante de la Asociación de Mineros y Afines Cerro Tigre, resaltó la necesidad de inversiones para cumplir con las normativas ambientales establecidas por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
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Las demandas del sector incluyen la cobertura de gastos relacionados con el acceso a las canteras, donde la remoción de material sin valor comercial representa una carga adicional. A esto se suman los requerimientos técnicos, como la implementación de un sistema de explotación escalonada, el mantenimiento de equipos especializados y el deterioro constante de la maquinaria utilizada en la extracción.
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El gremio minero ha solicitado la aplicación de un nuevo esquema de precios para la dolomita. Según el cronograma acordado, el ajuste se realizará en tres etapas: hasta el 11 de enero de 2025, el precio por tonelada será de G. 68.500; del 13 de enero al 28 de febrero, G. 75.000; y a partir del 1 de marzo, G. 85.000.
Los mineros insisten en que las industrias deben reconocer el impacto económico que conlleva la actividad extractiva y están dispuestos a mantener las medidas de presión hasta obtener una respuesta favorable.
Fuente: Última Hora
