Jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones Municipal denunciaron que los responsables del incendio ocurrido en mayo de 2023 continúan en la institución, a pesar de las pruebas que los vinculan con el siniestro. Según el testimonio del principal sospechoso, el exfuncionario Ramón Fernando Kiessel Bejarano, el incendio fue provocado intencionalmente bajo órdenes de sus superiores con el fin de eliminar evidencia de presuntas irregularidades financieras.
De acuerdo con la denuncia, Kiessel apuntó al expresidente de la Caja, Bernabé Peralta, y a altos funcionarios como Fabiana Benítez, exdirectora de Administración y Finanzas; Rossana Ramírez, tesorera; y Fulvia Fernández, jefa de Contabilidad, como los instigadores del incendio. Según su testimonio, fue amenazado para ejecutar la quema de documentos que, de no ser destruidos, habrían expuesto un esquema de apropiación indebida de aportes jubilatorios.
El abogado de los jubilados, Pedro Benítez Aldana, afirmó que el incendio buscaba eliminar registros clave que vinculaban a las autoridades con una supuesta asociación criminal. Según la denuncia, los fondos de los jubilados eran retirados mediante la falsificación de firmas en los comprobantes de retiro de dinero, generando un perjuicio de G. 24.000 millones entre 2019 y 2023.
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Otro de los puntos señalados por los denunciantes es que las actuales autoridades de la Caja, entre ellas el presidente Venancio Díaz, formaban parte del Consejo durante los años en que se produjeron los desvíos. Argumentan que los miembros del Consejo aprobaron balances y rendiciones sin objeciones, lo que los hace corresponsables de la situación.
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Por su parte, Díaz negó tener conocimiento de los hechos en su periodo como miembro del Consejo y afirmó que la funcionaria Rossana Ramírez, señalada en la denuncia, fue apartada de su cargo, aunque sigue cobrando su salario. También confirmó que la entonces auditora de la institución, Ignacia Riquelme, hoy ocupa el cargo de directora de Administración y Finanzas.
Los jubilados insisten en la destitución de los funcionarios implicados y exigen que se apliquen sanciones ejemplares para garantizar la transparencia en la institución y la recuperación de los fondos desviados.
Fuente: ABC Color
