El ministro César Diesel se perfila como el principal candidato a ser reelecto presidente de la Corte Suprema de Justicia, según fuentes cercanas a la institución. De confirmarse su designación en febrero, sería la tercera vez que asumiría la máxima responsabilidad del Poder Judicial paraguayo. Además, Diesel presidiría la Sala Constitucional y el Consejo de Superintendencia, instancias clave en la administración de justicia.
La elección de las nuevas autoridades judiciales se llevará a cabo en las primeras semanas de febrero de 2025. Junto con Diesel, se definirán los vicepresidentes que lo acompañarán en la dirección del Poder Judicial hasta febrero de 2026. Los desafíos que enfrentarán las nuevas autoridades son múltiples, con un foco especial en la agilización de los procesos judiciales y la lucha contra la corrupción.
Uno de los principales problemas que deberá abordar la gestión de Diesel es la mora judicial, que se ha visto agravada por el aumento de la criminalidad en los últimos años. La falta de respuesta oportuna en los fueros penal y laboral ha generado una creciente insatisfacción entre los justiciables, lo que ha puesto en duda la eficiencia del sistema judicial.
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La corrupción dentro del Poder Judicial es otro reto importante. Se han registrado casos de jueces y funcionarios involucrados en hechos delictivos, lo que ha afectado la credibilidad de la institución. La implementación de mecanismos de control más estrictos será fundamental para garantizar la transparencia y el correcto desempeño de la administración de justicia.
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Otro aspecto clave en la futura gestión será la mejora de la atención a los usuarios del sistema judicial. La ciudadanía percibe al Poder Judicial como una institución distante y burocrática, por lo que se busca humanizar el servicio y garantizar que la justicia se administre de manera eficiente y accesible para todos.
Finalmente, el fuero de la Niñez sigue enfrentando dificultades, especialmente en la demora de la emisión de fallos. A pesar de algunos avances, el sistema judicial aún no responde con la celeridad necesaria para garantizar la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Fuente: Judiciales.net
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