La controversia por el traslado del peaje de Coronel Bogado al límite entre Misiones e Itapúa suma un nuevo capítulo con la advertencia del concejal Alberto Bernal sobre el severo impacto económico que tendrá esta medida en los trabajadores de la zona.
El edil municipal de Santiago, perteneciente a la corriente abdista de la Asociación Nacional Republicana (ANR), destacó que diversos sectores laborales se verán afectados por gastos adicionales que oscilarán entre 20.000 y 40.000 guaraníes diarios, debido a la necesidad de realizar múltiples cruces para cumplir con sus actividades laborales.
Pobladores, en «pie de guerra» contra puesto de peaje en el límite entre Misiones e Itapúa
♦️ Pobladores de San Ramón, General Delgado y Santiago siguen movilizados en protesta contra la instalación del puesto de peaje y que les sea cobrado a ellos como residentes de la zona.… pic.twitter.com/4oqfVZcmE6
— NPY Oficial (@npyoficial) January 21, 2025
La problemática afecta especialmente a docentes, vendedores y trabajadores de la construcción que realizan el trayecto San Ramón-General Delgado regularmente. Bernal señaló que incluso personas de escasos recursos que viajan para adquirir medicamentos en la farmacia social de General Delgado deberán enfrentar estos costos adicionales.
El concejal criticó la postura del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), señalando que la institución evade el problema original: el aumento de la tarifa de 7.000 a 10.000 guaraníes. “Esta lucha no es contra el Gobierno, es contra la injusticia de imponernos un problema que no nos corresponde”, enfatizó Bernal.
La tensión aumenta con el anuncio de nuevas manifestaciones programadas desde las 18:00 horas en el límite departamental. Los ciudadanos autoconvocados de Carmen del Paraná y Coronel Bogado han advertido que retomarán las protestas si el MOPC no inicia la construcción del nuevo puesto el 23 de enero de 2025.
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El conflicto evidencia la falta de diálogo entre las autoridades y las comunidades afectadas, mientras el impacto económico amenaza con agravar la situación de los trabajadores que dependen del tránsito diario entre ambos departamentos.
La controversia continúa sin una solución clara, mientras las comunidades afectadas mantienen su postura de resistencia ante medidas que consideran perjudiciales para su economía familiar.
Fuente: ABC Color
