El exgobernador de Central, Hugo Javier González. Foto: Ministerio Público.
Este viernes finaliza el plazo para que la defensa de Hugo Javier González, exgobernador de Central, presente la apelación contra su sentencia de 10 años de prisión. Condenado por desviar más de un millón de dólares de fondos públicos, González cumple su pena en el penal de Tacumbú.
El abogado defensor, Fausto Portillo, informó que están avanzando en los detalles finales de la apelación y que podrían presentarla antes del límite establecido. La estrategia jurídica se centra en cuestionar los argumentos utilizados por el tribunal que sentenció a González por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos.
El tribunal presidido por la jueza Karina Cáceres determinó que el desvío de fondos fue resultado de una asociación criminal liderada desde la gobernación de Central. Según las investigaciones, el dinero estaba destinado a proyectos de reactivación económica tras la pandemia del Covid-19, pero nunca llegó a cumplir su propósito.
Entre los métodos utilizados, se detectaron facturas falsas emitidas por contribuyentes y funcionarios que fueron obligados a participar en el esquema. Los fondos desviados pasaron por la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), utilizada como fachada para justificar el desembolso.
La jueza Cáceres explicó durante el juicio que no existían registros ni documentación sobre las obras que justificaran el desembolso de más de un millón de dólares. “Jugaron con la plata del pueblo paraguayo”, afirmó la magistrada, subrayando que las 14 obras declaradas como nuevas ya existían previamente.
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Entre los implicados en el esquema se encuentran Miguel Ángel Robles Ibarra, exasesor de la gobernación, quien habría liderado la operación, y otros funcionarios, constructores y representantes de la CIAP. Las acciones ocurrieron entre 2020 y 2021, según el Ministerio Público.
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La condena de Hugo Javier González marca un precedente en la lucha contra la corrupció. El desvío de fondos públicos en un contexto de crisis sanitaria generó indignación en la ciudadanía, que exige mayor transparencia y sanciones ejemplares para quienes abusen de los recursos estatales.
La apelación que prepara la defensa busca revertir un fallo que consideran injusto. Sin embargo, el tribunal ya dejó en claro la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, incluyendo testimonios y documentos que confirmaron el esquema delictivo.
Fuente: Judiciales.net
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