La administración de Santiago Peña enfrenta una creciente tensión social desatada por los recientes ajustes económicos, principalmente en el sector transporte, mientras crece la preocupación en el gabinete social ante la posibilidad de que el descontento se extienda al sector agrario, ya golpeado por una prolongada sequía.
Crisis en el sector transporte
El aumento en los peajes y la unificación de las habilitaciones de rodados, impulsados por la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, han generado una ola de protestas que amenaza con intensificarse. El Frente Aratirí, que agrupa a diversos sectores del transporte, prepara una manifestación en San Lorenzo que espera reunir más de 200 vehículos.
#ABCNoticias Convocan a manifestaciones por aumentazos. Prevén protestas por suba de peajes y habilitaciones
️»El rechazo a la suba de pejaes y las habilitaciones, que afecta a todos. Solicitamos al gobierno que revea, recule. Rechazamos esta suba. A todos nos afecta»,… pic.twitter.com/IY98QKrW55
— ABC TV Paraguay (@ABCTVpy) January 20, 2025
Basilio Duarte, presidente de la Federación Paraguaya de Conductores de Plataformas (Fecopar), señala que los transportistas deben desembolsar hasta 4 millones de guaraníes anuales solo en habilitaciones y tasas de la Dirección Nacional de Tránsito (DINATRAN), mientras enfrentan el deterioro de las rutas que incrementa sus costos operativos.
Tensiones con municipios
Los intendentes han iniciado acciones legales ante la Corte Suprema contra la resolución de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) que les obliga a incrementar las tasas por habilitación vehicular. Esta situación se suma al histórico recorte presupuestario implementado por el gobierno de Peña, particularmente en el programa de alimentación escolar “Hambre Cero”.
Crisis agraria y sequía
El sector agrícola enfrenta su cuarto año consecutivo de sequía, situación agravada por la cuestionada gestión del ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez. La Asociación de Productores Norteños y la Unión de Gremios de la Producción (UGP) buscan evitar un levantamiento masivo mediante negociaciones para obtener medidas de apoyo urgente.
Conflictos políticos internos
La gestión de Giménez en el MAG ha sido criticada por priorizar disputas políticas, particularmente su enfrentamiento con el gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, por encima de la asistencia a productores afectados. Esta situación ha generado preocupación entre los gobernadores, quienes han elevado sus reclamos directamente al presidente Peña.
Movilización social en aumento
Para el 25 de marzo se prevé una marcha nacional organizada por una coordinadora que agrupa a jubilados, campesinos e indígenas. Las demandas incluyen mayor transparencia en la ejecución del subsidio para la tercera edad y cuestionamientos a la ley del Servicio Civil, que ha generado controversia por permitir el nombramiento de parientes en el Estado.
Primeras respuestas gubernamentales
Como medida inicial, el Ministerio de Obras Públicas ha anunciado la reubicación del peaje de Coronel Bogado hacia una zona no urbana entre Itapúa y Misiones. Sin embargo, esta acción no ha sido suficiente para calmar el descontento de los diversos sectores afectados.
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La confluencia de estos factores presenta un desafío significativo para la administración Peña, que deberá equilibrar las demandas sociales con las medidas de ajuste económico planificadas. La capacidad del gobierno para gestionar estas tensiones será crucial para mantener la estabilidad social en los próximos meses.
Fuente: La Política Online
