La Dirección de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República ha comenzado a recibir los primeros informes patrimoniales de nueve jueces de paz de Capital y sus funcionarios, en el marco de una investigación sobre la denominada “mafia de los pagarés”. El procedimiento responde a un pedido de la Corte Suprema de Justicia tras revelaciones sobre el ostentoso estilo de vida de algunos funcionarios judiciales.
La investigación prioriza a 40 funcionarios de una lista total de 147 personas bajo escrutinio. Este grupo incluye magistrados, actuarios y ujieres de los diferentes juzgados de paz capitalinos, quienes están siendo investigados por su presunta participación en un esquema fraudulento de notificaciones y secuestro ilegal de vehículos.
El proceso investigativo se inició en diciembre pasado, cuando el órgano contralor solicitó información a diversas instituciones, incluyendo Registros Públicos, Registro del Automotor, entidades bancarias y financieras, buscando establecer la correspondencia entre los bienes declarados y el patrimonio real de los investigados.
Caso Gloria Machuca y otros magistrados bajo la lupa
Entre los magistrados investigados destaca la jueza de paz de Trinidad 1º Turno, Gloria Machuca, cuya trayectoria ha estado marcada por polémicas desde su nombramiento. Su designación en 2019 generó controversia al obtener el puntaje más bajo entre los candidatos (450,24 puntos), mientras que la candidata mejor puntuada, Mirna Gauto (521 puntos), fue excluida por el Consejo de la Magistratura en circunstancias cuestionables.
Una de sus decisiones más controvertidas ocurrió en noviembre de 2023, cuando prohibió al empresario Christian Chena y al medio digital RDN referirse a Gisele Mousques en redes sociales y medios digitales, calificando sus comentarios como agravios. Esta medida fue denunciada como censura previa y violación de derechos constitucionales, por la abogada Peralta Merlo. El conflicto se originó tras publicaciones de RDN sobre presunta corrupción en el Instituto de Previsión Social (IPS), que involucraban a Darío Filártiga, esposo de Mousques.
En mayo de 2024, Machuca enfrentó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por prevaricato y mal desempeño, aunque el caso fue rechazado in limine en un fallo que levantó sospechas por la presunta influencia política de Mousques.
Actualmente, la magistrada, junto con sus secretarios Roberto Carlos Bazán y Gilberto Vargas Saucedo, además de los ujieres Gladys Acosta Arguello y Nelson Cabral Barrios, forma parte del grupo prioritario bajo investigación de la Contraloría.
Carmen Cibils en la mira
El caso más comprometido parece ser el del Juzgado de Paz de la Encarnación, cuya titular, Carmen Analía Cibils, ya fue suspendida por la Corte tras las denuncias realizadas en su contra. Las investigaciones sugieren que este juzgado habría sido epicentro de las operaciones de la “mafia de los pagarés”.
Unite a nuestro canal de WhatsApp
La Corte Suprema de Justicia ha implementado medidas adicionales de control, incluyendo una auditoría de los nueve juzgados y un sistema de monitoreo sobre el ingreso y salida de funcionarios. Sin embargo, hasta el momento, y a pesar de promesas de transparencia, los resultados de estas auditorías no han sido divulgados públicamente.
La investigación continúa en desarrollo mientras la opinión pública aguarda resultados concretos que permitan esclarecer el alcance de este esquema fraudulento que ha sacudido la credibilidad del sistema judicial.
Fuente: El Observador
