Foto: Archivo- ABC Color.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó a finales de 2024 un contrato por G. 1.387 millones a la empresa BYPAR S.A. para completar el sistema de monitoreo del billetaje electrónico. Sin embargo, este nuevo contrato genera sospechas, ya que los mismos servicios fueron adjudicados previamente en 2022 a otra empresa por un monto similar.
El contrato firmado con BYPAR S.A. incluye servicios como virtualización, conectividad, monitoreo, migración y soporte técnico del sistema de billetaje. Este acuerdo busca resolver las deficiencias del Centro de Control y Monitoreo del Sistema Nacional de Billetaje Electrónico (SNBE), que a pesar de millonarias inversiones desde 2019, aún no opera con los componentes necesarios para cumplir su función en tiempo real.
En 2022, el MOPC adjudicó un contrato similar a E-Services SRL, por G. 1.097 millones, para proveer los mismos servicios. La coincidencia entre ambas adjudicaciones, con pocos cambios en las especificaciones, ha levantado cuestionamientos sobre una posible doble contratación. A pesar de los intentos por obtener respuestas del Viceministerio de Transporte, dirigido por Emiliano Fernández, no se ofrecieron aclaraciones al cierre de esta edición.
La situación se agrava al recordar el contrato inicial firmado en 2019 con el consorcio Electronic Ticket Control (ETC), que involucró una inversión de casi USD 4 millones. Ese proyecto debía garantizar un sistema funcional que permitiera monitorear flotas, kilometrajes y pasajeros en tiempo real. Sin embargo, la ejecución estuvo plagada de irregularidades confirmadas por la Contraloría, Contrataciones Públicas y auditorías internas del MOPC.
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Estas deficiencias en la implementación tecnológica dificultan el control sobre los transportistas, un factor clave para determinar subsidios y tarifas del transporte público. Mientras tanto, el gobierno avanza en la socialización del proyecto “El bus que viene”, que busca reformar el sistema de transporte público, pero enfrenta críticas por las persistentes falencias en la administración actual.
A pesar de los antecedentes y las preocupaciones documentadas, hasta el momento la Fiscalía no ha iniciado una investigación formal sobre las adjudicaciones y sus posibles irregularidades.
Fuente: ABC Color
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