Foto: Gentileza.
A más de un año y medio de gobierno, la administración cartista de Santiago Peña no ha cumplido su promesa de campaña “Vamos a estar mejor”. Lejos de beneficiar a la mayoría de los paraguayos, las políticas implementadas han generado mayor presión sobre el ciudadano común, mientras un grupo selecto acumula privilegios y beneficios.
Uno de los principales problemas radica en el retroceso en derechos fundamentales. Durante la campaña, Peña aseguró que habría más empleos y precios más bajos con su programa “Plata en tu bolsillo”. Sin embargo, la reciente Ley de Promoción de Mipymes permite pagar solo el 80% del salario mínimo a trabajadores de estas empresas, dejando a familias con ingresos de apenas G. 2.238.647 al mes.
Mientras tanto, casos como el de Montserrat Alliana Encina, hija del vicepresidente Pedro Alliana, quien cobra G. 18.274.300 en un cargo sin concurso, o de una telefonista de la Entidad Binacional Yacyretá con un salario mensual de G. 33.529.636, indignan a los ciudadanos. Además, el reciente aumento salarial para legisladores a G. 37.900.000 mensuales agrava el déficit fiscal, que será cubierto por los aportantes al sistema.
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El incremento de precios en los peajes también ha golpeado a los trabajadores, especialmente en el interior. La ministra de Obras, Claudia Centurión, respondió con ironía a las quejas de los pobladores de Coronel Bogado, sugiriendo aumentar el precio de la chipa para cubrir los costos adicionales. Esto contrasta con los 37 viajes internacionales realizados por el presidente Peña, mientras muchos paraguayos enfrentan dificultades para movilizarse entre ciudades para trabajar o acceder a servicios médicos.
En el ámbito de la salud, la situación es crítica. La promesa de “Salud sin esperas” se ha incumplido, con pacientes oncológicos rogando por medicamentos y estudios. La falta de insumos y la burocracia persistente reflejan la desconexión entre las promesas de campaña y la realidad.
Fuente: ABC Color
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