El mandato de Santiago Peña se ha caracterizado por decisiones polémicas que afectan directamente los derechos laborales, generando rechazo en diversos sectores sociales. Entre las medidas más criticadas se encuentran leyes y propuestas que han sido aprobadas por una mayoría parlamentaria oficialista y posteriormente promulgadas por el Ejecutivo, a pesar de la fuerte oposición ciudadana.
Uno de los episodios más recientes fue la declaración del ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, quien dejó abierta la posibilidad de eliminar el salario mínimo, lo que encendió las alarmas en los sectores laborales. Si bien la propuesta no se materializó, este tipo de planteamientos refleja un enfoque gubernamental que no prioriza las demandas de los trabajadores.
Otro punto de conflicto fue la creación de la Superintendencia de Jubilaciones, una medida promulgada en diciembre de 2023 pese al rechazo de miles de ciudadanos que se movilizaron en su contra. La nueva normativa centraliza la supervisión de los fondos jubilatorios, generando preocupaciones sobre la transparencia y el control efectivo de estos recursos.
En diciembre de 2024, otro revés para los trabajadores fue la promulgación de la ley que modifica el cálculo de la jubilación en el Instituto de Previsión Social (IPS). Este cambio eleva el período para calcular el monto jubilatorio de tres a diez años, lo que podría reducir significativamente los ingresos de los futuros jubilados. A pesar de las críticas generalizadas, la ley fue sancionada, intensificando las tensiones entre el Gobierno y los sectores laborales.
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La Ley N.º 4457/12, conocida como Ley de Mipymes, también ha generado controversia. Entre sus disposiciones, permite pagar a los trabajadores un 80% del salario mínimo, lo que, según expertos, afecta no solo a los empleados activos, sino también a los jubilados, al debilitar el sistema de aportes al IPS. Además, establece contratos laborales de corta duración sin obligación de indemnización, flexibilizando aún más las condiciones laborales.
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A pesar de las críticas, el presidente Peña ha defendido estas medidas como necesarias para el desarrollo económico, afirmando que buscan mejorar la competitividad y generar empleos. Sin embargo, los trabajadores y analistas laborales consideran que estas decisiones representan un retroceso en los derechos adquiridos, demandando una revisión integral de estas políticas.
Fuente: ABC Color
