Juan Carlos "Nano" Galaverna, cuando se desempeñaba como Diputado Nacional. Silvio Rojas
El clan político liderado por Juan Carlos “Calé” Galaverna y su hijo, el senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta por la cuestionada designación de operadores políticos en diversos cargos estatales. Según registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), esta red drena más de G. 4.000 millones al año en salarios y beneficios, generando un significativo impacto en las arcas del Estado.
Entre los casos destacados se encuentra Diana Centurión, esposa de Nano Galaverna, quien junto con su hermano Juan José Galaverna cobra casi G. 100 millones mensuales en Itaipú Binacional. A esto se suma una lista de personas del entorno familiar y político que ocupan cargos en instituciones como la Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (Sederrec) y la Orquesta Nacional de Música Popular (Onamp), ambas señaladas como refugios de operadores del clan.
En la Sederrec, dirigida por Édgar Ruiz, concuñado de Nano, figuran familiares cercanos, como Claudia Centurión y Marcos González Ortega. Asimismo, amigos y conocidos de la familia, como Luz María Llanos y Sergio González Escobar, gozan de sueldos superiores a los G. 9 millones mensuales. Estos casos reflejan una práctica extendida de nepotismo y designaciones sin concurso ni formación acorde a las funciones desempeñadas.
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La situación no es distinta en la Onamp, una entidad que en 2023 manejó un presupuesto de G. 6.700 millones. Allí, figuras cercanas a los Galaverna, como Rosa María Giménez y Juan Teófilo Vera Esquivel, ocupan cargos con salarios elevados. También destaca la contratación de miembros del grupo musical “Los 5 del Ritmo” y otros conocidos del entorno, cuyos salarios oscilan entre G. 4.800.000 y G. 9.520.000.
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El impacto económico de esta estructura sobrepasa los G. 4.000 millones anuales, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos. La situación pone en evidencia la urgencia de reformas estructurales reales que prioricen la meritocracia y erradiquen el nepotismo en la administración estatal.
Fuente: ABC Color
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