Miguel Ángel Robles (con kepis) se dirige, junto a Hugo Javier González, a la cárcel de Tacumbú. Foto: Renato Delgado.
La defensa legal de Miguel Ángel Robles Ibarra, condenado por liderar un esquema de desvío de fondos en la Gobernación de Central, ha presentado una apelación especial contra la sentencia de diez años de prisión. El abogado Guillermo Duarte Cacavelos argumenta la existencia de “contradicciones insostenibles” en el fallo judicial.
Según la investigación del Ministerio Público, entre 2020 y 2021, Robles Ibarra, en su rol de asesor de la Gobernación de Central, organizó una estructura criminal que involucró a funcionarios, constructores y la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP). Este esquema facilitó el desvío de más de un millón de dólares destinados originalmente a la emergencia sanitaria.
El caso implica el manejo irregular de 5.105 millones de guaraníes transferidos el 28 de diciembre de 2020 para emergencia sanitaria. El día siguiente, el entonces gobernador Hugo Javier González y la secretaría de la gobernación emitieron resoluciones favoreciendo a la fundación CIAP, destinando fondos COVID para construcción y mantenimiento de espacios públicos.
La sentencia del tribunal, presidido por la jueza Karina Cáceres, consideró probada la existencia de una asociación criminal dedicada al desvío de fondos destinados a la reactivación económica post-pandemia. Las evidencias incluyen el uso de facturas falsas de contribuyentes de otras regiones y documentación irregular de funcionarios obligados a emitir facturas a nombre de la ONG CIAP.
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La defensa de Robles cuestiona la línea temporal establecida por el tribunal, argumentando que excede el plazo investigativo permitido. Duarte Cacavelos sostiene que estas irregularidades procesales justifican la nulidad de la sentencia condenatoria que mantiene a su defendido en la cárcel de Tacumbú.
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El caso resultó en condenas similares para el exgobernador Hugo Javier González Alegre, quien también recibió una pena de diez años por lesión de confianza y uso de documentos no auténticos. Ambos procesados cumplen actualmente sus condenas en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, tras la revocación de sus medidas alternativas.
Fuente: Judiciales.net
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