Chaco. El programa apunta a beneficiar a unos 900.000 alumnos, durante este año, entre ellos a estudiantes chaqueños. ARCHIVO
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) enfrenta nueve protestas relacionadas con cinco llamados a licitación del programa Hambre Cero. Las objeciones, presentadas entre el 30 de diciembre y el 16 de enero, cuestionan presuntas irregularidades en los pliegos de bases y condiciones, aunque hasta el momento todas han sido rechazadas por la institución.
El programa Hambre Cero 2025 involucra doce licitaciones gestionadas por gobernaciones departamentales, con un presupuesto total de 3.726 millones de guaraníes (aproximadamente USD 457 millones). Entre los llamados cuestionados destacan los de Alto Paraná (USD 106 millones), Itapúa (USD 59 millones), Cordillera (USD 37 millones), Paraguarí (USD 24 millones) y Caazapá (USD 18 millones).
Las protestas se centran principalmente en el sistema de evaluación multicriterios implementado tras la promulgación de la Ley 7021/2022 de “Suministro y Contrataciones Públicas”. Este sistema, que reemplaza al criterio único de precio, genera controversia especialmente en requisitos como la experiencia previa en el programa, que según los objetores podría favorecer a proveedores establecidos.
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El caso de la Gobernación de Cordillera ejemplifica la controversia, con tres empresas (Lakmi SA, Comepar SA y Beltrom SA) cuestionando el requisito de experiencia previa en alimentación escolar durante 2024. Los críticos argumentan que esta exigencia podría limitar la competencia y perpetuar la concentración del servicio en proveedores tradicionales.
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Esta concentración se evidenció en 2024, cuando el 80% de los USD 516 millones destinados al programa se distribuyó entre cinco empresas principales: Comepar, Ladero Paraguayo, Consorcio de Abastecimiento de Alimentos, Distribuidora Paraguay y Granos y Aceites. Esta situación ha generado debate sobre la necesidad de ampliar la participación de proveedores en el programa.
Mientras la DNCP mantiene su posición de rechazar las objeciones, el debate continúa sobre cómo asegurar tanto la calidad del servicio como la transparencia en la asignación de recursos públicos destinados a la alimentación escolar.
Fuente: ABC Color
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