El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este jueves la nueva Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil, a pesar del rechazo generalizado de muchos trabajadores estatales. La normativa, que fue sancionada en el Congreso hace dos meses, ha generado controversia por sus implicancias laborales y la percepción de que cercena los derechos de los funcionarios públicos.
A través de un comunicado en las redes sociales, Peña defendió la promulgación de la ley, argumentando que con esta nueva legislación se establecerían “reglas claras” para garantizar el ingreso por mérito en los organismos del Estado, promoviendo evaluaciones objetivas y mayor transparencia en los procesos. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido vista con escepticismo por una parte significativa del funcionariado, que considera que la ley no protege adecuadamente sus derechos laborales.
Uno de los puntos más conflictivos durante el debate del proyecto de ley fue la modificación propuesta por el movimiento Honor Colorado, que excluía al Poder Judicial y al Poder Legislativo de la ley, argumentando que debido a su autonomía, estos poderes debían “regirse por otras leyes”. Este planteamiento generó una fuerte controversia, ya que la exclusión de estos poderes no fue aceptada por diversos sectores.
Un aspecto que sí fue aprobado y que generó consenso fue el artículo 17 de la ley, que prohíbe el nepotismo y el uso indebido de influencias en la designación de cargos de confianza. Según el texto, no podrán ser designados para cargos de confianza el cónyuge, concubino o parientes cercanos de quienes ejerzan puestos de conducción política en la misma institución.
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En cuanto a las restricciones de nombramientos, el inciso u del artículo 52 establece que los funcionarios en puestos de conducción política no podrán ejercer influencia para la designación de cargos en otras instituciones públicas, lo que ha sido bien recibido por algunos sectores que luchan por una mayor transparencia.
Sin embargo, la contradicción en la ley surge al permitir, bajo el marco de un concurso público, que los cónyuges y parientes cercanos sean nombrados en puestos de confianza, lo que debilita el propósito original de evitar el nepotismo.
Fuente: Última Hora
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