La primera subasta de tierras municipales en la Costanera de Asunción fracasó debido a irregularidades administrativas que generaron desconfianza entre potenciales inversores. Este revés obligó al intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez a reconsiderar el destino de las seis hectáreas disponibles, mientras diversos sectores políticos proponen destinarlas a proyectos de viviendas sociales.
El precio base establecido de 28.000 millones de guaraníes por hectárea se ha convertido en un obstáculo para la administración municipal. Las denuncias sobre falta de transparencia y seguridad jurídica en el proceso, presentadas por el desarrollador inmobiliario Enrique Wagener, alejaron a posibles compradores.
El concejal liberal Félix Ayala anunció la presentación de un pedido de informe para conocer los verdaderos planes del ejecutivo municipal sobre estos terrenos patrimoniales. Por su parte, el concejal cartista Javier Pintos enfatizó que cualquier iniciativa social debe contemplar la recuperación de los costos ya invertidos por el municipio.
La presión política surge en un contexto donde la ANR busca capitalizar el proyecto de cara a las elecciones municipales de 2026. La alternativa de viviendas sociales cobra fuerza considerando el antecedente de dos hectáreas previamente destinadas a este fin, con financiamiento del Banco Mundial.
Rodríguez mantiene su postura de desarrollar la zona durante su administración, aunque sin establecer plazos concretos. “Va seguir el proceso como tiene que ser. La idea nuestra es desarrollar esa zona, seguimos con el compromiso y la convicción”, declaró el intendente ante la falta de oferentes.
El municipio ya invirtió 21.000 millones de guaraníes en trabajos de relleno en el área. Esta inversión previa es un factor crucial para Pintos, quien advierte que no respaldará propuestas que no contemplen la recuperación de estos costos.
La experiencia previa de construcción de viviendas sociales en dos de las diez hectáreas originales sienta un precedente para esta nueva propuesta. Sin embargo, el mecanismo de gestión y la transparencia del proceso son aspectos que generan preocupación entre diversos actores políticos.
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Wagener, desde su experiencia en el sector inmobiliario, respalda el desarrollo de la franja costera pero advierte sobre la necesidad de establecer procesos transparentes. El desarrollador cuestiona la posible utilización electoral del proyecto, señalando el riesgo de que se convierta en una herramienta de campaña.
El escenario plantea una disyuntiva para la administración de Rodríguez: mantener la intención de venta esperando mejores ofertas o virar hacia un proyecto social que podría tener rédito político pero requeriría garantizar la recuperación de la inversión municipal.
Fuente: La Política Online
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